En Argentina, querellan al franquismo

Buenos Aires. Familiares de víctimas del franquismo y grupos de derechos humanos pidieron ayer a la Justicia argentina la investigación de crímenes perpetrados durante la Guerra Civil Española por tropas del general Francisco Franco y en la dictadura posterior que encabezó, ante las trabas con las que se ha topado el juez Baltasar Garzón para hacerlo en España El acto se convirtió en una muestra de apoyo y solidaridad con el magistrado.

En la querella se invoca el principio de justicia universal, por el cual los delitos de genocidio y de lesa humanidad no prescriben y son perseguidos por tribunales de cualquier país.

Los casos puntuales que se presentaron son los fusilamientos durante la guerra de los españoles Severino Rivas, Elías García Holgado y Luis García Holgado, y del argentino Vicente García Holgado, nacido en Buenos Aires y radicado en España a temprana edad.

Los querellantes, residentes en Argentina, son Darío Rivas, hijo de la primera víctima, e Inés García Holgado, sobrina nieta de Luis y Elías García Holgado y sobrina de Vicente García Holgado.

Está respaldada, además, por 10 organizaciones de defensa de los derechos humanos y de recuperación de la memoria, autorizadas por la Constitución argentina a presentarse como parte implicada en cualquier demanda por violación de derechos básicos. Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre son algunos de esos organismos.

El caso cayó en el Juzgado N#176; 1 de la Cámara Federal, cuya titular es la magistrada María Romilda Servini de Cubría, lo que no fue recibido con demasiado entusiasmo por los querellantes.

La jueza es muy conocida en el ambiente jurídico y político argentino. Tuvo que hacer frente en su larga carrera a varias demandas contra algunas de sus actuaciones profesionales. Tuvo a su cargo la causa denominada "Yomogate", donde se acusaba a la cuñada del presidente Carlos Menem de lavar dinero proveniente del narcotráfico, y alcanzó gran popularidad a principios de los ’90 al pretender censurar la sátira de un conocido cómico argentino.

Será ella quien decida si acepta la querella presentada, que parte de los dos hechos relatados pero que implica el reconocimiento de la jurisdicción internacional por parte de la Justicia argentina.

Qué piden. Los querellantes solicitan que se recaben en España los nombres y domicilios de los miembros de los gobiernos del Estado español entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.

La misma solicitud se formula respecto a "mandos de las fuerzas armadas, Guardia Civil, policía armada, directores generales de Seguridad y dirigentes del partido Falange Española" en ese mismo período.

Según los abogados que prepararon la demanda, Beinusz Smukler y Ricardo Huñis, la Ley de Amnistía no puede aplicarse a crímenes que pueden ser asimilados a los delitos de genocidio o lesa humanidad, como son, en su opinión, los cometidos por el franquismo.

Huñis aseguró, por su parte, que ya está recibiendo muchas llamadas no sólo de Argentina sino de otros lugares del mundo, en las que descendientes de españoles asesinados durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra preguntan qué pueden hacer para sumarse a esta iniciativa.

"Esperamos que estas querellas concretas originen muchas más", mantuvo Huñis.

Muestras de apoyo. En la conferencia de prensa posterior se hizo hincapié en el respeto profesional que provoca en América latina el juez Baltasar Garzón. "Alguna vez se dijo que las acciones del juez Garzón dañaban la imagen de España en América latina, pero es precisamente lo contrario. Nunca tuvo España mejor imagen en nuestros países que cuando Garzón abrió sus procedimientos contra los dictadores y torturadores de Chile y Argentina", explicó el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Horacio Verbitsky.

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presente en el acto, apoyó también al juez Garzón y exigió que se continúe la investigación sobre los crímenes cometidos durante el franquismo.

La nota más emocionante la proporcionó Darío Rivas, de 90 años, hijo del alcalde de Castro de Rei (Lugo) asesinado en 1937, que logró recuperar sus restos en 2005 y que continúa pidiendo justicia.

Darío estuvo en el acto, pero fue su sobrina quien leyó un texto en el que acusa a España de seguir viviendo como en la época de la dictadura y de haber aceptado un "indigno pacto de silencio".