El tironeo por los fondos

Aunque olvidada por años, la Ley de Coparticipación Federal de impuestos volvió al escenario político, impulsada por el kirchnerismo como forma de frenar la avanzada de la oposición para coparticipar la totalidad del Impuesto al Cheque.

Hay que ser claros. Si la intención es reformar la ley, es muy difícil que llegue a buen puerto. Si, en cambio, se quiere modificar el reparto de los recursos tributarios entre las provincias y la Nación, las alternativas son varias y es posible que algunas se concreten.

En realidad, los fondos son los mismos (en ningún momento se planteó una reforma tributaria), pero la cuestión clave para los involucrados es quién tiene la "sartén por el mango" a la hora de gastar. Si los recursos se coparticipan, las provincias deciden; si el dinero lo reparte o lo gasta discrecionalmente la Nación, los gobernadores tendrán que ir a pedir plata a Buenos Aires cada vez que lo necesiten, con menor libertad para tomar decisiones.

En este marco, la presidenta Cristina Fernández citó para mañana a los gobernadores cercanos al oficialismo con la intención de plantear un nuevo reparto y cada mandatario ya planteó su propia posición, según sea mejor o peor su relación con el Gobierno central.

Lo ideal y lo posible. Aunque sería saludable que se planteara la necesidad y el camino de una reforma a fondo las trabas políticas son muchas para que esto suceda.

Según lo establecido en la Constitución de 1994, la nueva ley debería haberse firmado en 1996. Pero, en esa ocasión se puso una condición que hace prácticamente imposible cualquier viabilidad de reforma: ninguna provincia puede recibir menos que el punto de partida y todas las legislaturas provinciales deben dar el visto bueno a lo que apruebe el Congreso nacional.

Por esta razón, en estos últimos años no hubo reformas sino, más bien parches, que modificaron la estructura tributaria y la forma de integrar la masa coparticipable de recursos. Hubo detracciones para financiar la seguridad social, se crearon tributos que no se distribuyen entre las provincias (derechos de exportación e impuesto al cheque) y luego se repartieron parte de éstos (el 30 por ciento de este último y parte de las retenciones a la soja).

Todo llevó a que las provincias fueran resignando cada vez más en la distribución automática de recursos tributarios nacionales (ver "Cada vez..." ).

Además, llevó a que fueran ganando terreno las transferencias discrecionales, sujetas en gran medida a la decisión política del Ejecutivo nacional.

Así, cualquier discusión sobre el reparto de fondos entre las provincias y la Nación debe abarcar, no sólo al sistema de coparticipación, sino también a los múltiples canales de transferencias que están por fuera.

Un ejemplo de esto es el tema del reparto del Impuesto al Cheque. En conjunto, las provincias tienen más para ganar que para perder si se coparticipa la totalidad: aun si la Nación financia este cambio con fondos que hoy ya van a los gobernadores, siempre es mejor tener dinero asegurado que depender del presidente para recibirlos.

Sin embargo, muchos mandatarios salieron a rechazar la coparticipación total de este tributo y los más allegados al Gobierno pedirán que les aseguren fondos para obras o planes.

En este punto, Córdoba está en un término intermedio, según lo que negocie con la Nación. El Gobierno emitió un comunicado esta semana en el que pide que el dinero extra por el Cheque se le detraiga del Programa de Asistencia Financiera (PAF). Aspira que se reconozcan 1.200 millones para 2010 (en 2009 recibió 600 millones).

En estos términos está la discusión política del federalismo fiscal en Argentina. Es difícil que salga una reforma integral como piden todos los economistas (ver opiniones). Pero, al menos, la discusión está planteada y hay posibilidades de avanzar en alguna mejora de la dispar situación actual.