La agenda política se distancia de la económica

Una de las características dominantes de la actual crisis internacional, que hace más compleja la salida, es la falta de coordinación de las medidas de política económica que se adoptan. Esa asincronía volvió a manifestarse crudamente en la semana que pasó. Mientras Brasil elevaba nuevamente el impuesto a la entrada de capitales, China anunciaba pocas horas después una suba de las tasas de interés locales. La decisión del gigante asiático hizo caer momentáneamente los precios de las materias primas, aflojando la presión alcista sobre el real. Anticipando lo que China estaba preparando, quizá el gobierno brasileño podría haber demorado su última medida, que de todos modos tampoco resuelve el fondo (necesita moderar el gasto para comprar dólares con recursos genuinos). De persistir esta ausencia de coordinación, se corre el riesgo que los países emergentes, que son la locomotora de la economía mundial, se enfríen más de la cuenta, en un contexto en el que la recuperación de los países desarrollados sigue tambaleante. La economía mundial hoy deposita enormes expectativas en que países como China compensen la fragilidad de la demanda de Estados Unidos y Europa. Por eso la fuerte caída inicial en los mercados de acciones ante la suba de un cuarto de punto de la tasa de interés dispuesta por Pekín. Aun así, no puede negarse la ayuda del gigante asiático a la recuperación global. Sólo que ésta tiene sus limitaciones: primero, las decisiones se guían por las prioridades internas; segundo, la magnitud de su economía todavía es acotada, con importaciones que representan el nueve por ciento del total mundial. Cabe agregar que, para el caso de las materias primas, la significación de China es mucho mayor, ya que en soja, por ejemplo, consume el 23 por ciento de la producción global, en cobre el 28 y en aluminio el 33 por ciento. Con importaciones que están aumentando a un 47 por ciento interanual, el superávit comercial de China se está achicando, de 266 mil millones de dólares en 2009 a 177 mil millones en el acumulado de los últimos 12 meses. Para los líderes de los países desarrollados ese ritmo es lento y, por eso, le reclaman que revalúe el yuan. De todos modos, la economía mundial podrá evitar una recaída si al impulso de la demanda china se suma una nueva ronda de estímulos de los desarrollados. El más convencido al respecto parece ser Ben Bernanke, el titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero esto deberá ser corroborado a principios de noviembre. Mientras tanto, en el plano local, la agenda política pasó del debate por el 82 por ciento móvil a los jubilados (bandera de la oposición), a la propuesta de distribución de 10 por ciento de las ganancias de cada empresa entre sus asalariados (consigna del oficialismo).Los proyectos no son cuestionables desde el punto de vista de los propósitos. El problema está en la consistencia. En primer lugar, se plantean en un contexto en el que la economía argentina está creando empleos privados a ritmo magro: en los últimos 12 meses lo hizo al 2,2 por ciento interanual, cuando Brasil triplica ese guarismo, con el 6,4. En segundo lugar, ambos proyectos buscan "cazar en el zoológico", ya que la financiación de las eventuales mejoras de jubilados y trabajadores correrá por cuenta de quienes ya pagan impuestos. El principal problema económico de la Argentina, su incapacidad para crecer en forma sostenida por décadas, se manifiesta en la existencia de un mercado de trabajo dual, uno de productividad aceptable y otro de muy baja productividad. La dirigencia política debería incorporar en sus diagnósticos el hecho que sólo el 27 por ciento de las personas de entre 25 a 55 años tienen empleos de cierta calidad, ocupando puestos privados formales. Sobre esa base angosta se apoya todo el edificio de recaudación de impuestos, de pago a jubilados y de subsidios para el resto de la sociedad. ¿Quién puede discutir que las jubilaciones son bajas? Pero para que las mejoras sean sustentables deberían apoyarse en estudios actuariales (que no se conocen) y en un progresivo blanqueo de sectores y actividades que hoy tributan marginalmente o no lo hacen. Mientras tanto, las personas jubiladas en situación de precariedad deberían ser apoyadas con partidas de gasto social. Por su parte, la conexión entre los resultados de las empresas y la retribución a los trabajadores también es relevante, y por eso en los países con baja inflación el énfasis en las negociaciones salariales está puesto en la productividad (el factor clave en la generación de ganancias). Pero en la Argentina los empleos de calidad son la excepción, no la regla. El objetivo principal en este plano debería ser que proliferen empresas competitivas y formales. Sin olvidar que las firmas que no son competitivas no podrán formalizarse (pagar todos los impuestos) y que las que se mantengan en la informalidad nunca podrán alcanzar verdadera competitividad (porque no podrán invertir lo suficiente). ¿Qué hacer para romper el círculo vicioso de la informalidad? Por empezar, no castigar la reinversión de las utilidades. El tema es que, con los proyectos en danza, más la imposibilidad de hacer ajuste por inflación en los balances, las empresas terminarían con menos de 50 por ciento de sus ganancias disponibles para ser reinvertidas en la actividad. En Chile, después del pago del impuesto a las ganancias, las empresas tienen disponibles para reinvertir el 83 por ciento de sus utilidades. A igualdad de otras condiciones, ¿hacia dónde fluirán las inversiones?