Unas 15 mujeres esperan reiniciar una cooperativa de costura

Un grupo de 15 mujeres que en 2010 inició un taller de costura industrial en una sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, a partir de un convenio con la cartera educativa, espera conseguir un nuevo espacio para continuar con las clases y montar una cooperativa, luego de que hace dos semanas las desalojaran de aquel lugar. Desde Derechos Humanos justificaron la decisión de quitarles el espacio al decir que las máquinas pertenecían al ex legislador Augusto Varas y actualmente forman parte de un proceso judicial. En tanto, desde el Ministerio de Educación dijeron que las máquinas están bajo su poder y que piensan mudar el taller a otro sitio.Vale recordar que en marzo pasado Varas presentó su renuncia tras ser procesado por quedarse con fondos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación destinados a talleres de capacitación a través de un plan elaborado con otras personas, entre ellas su hijo. La causa fue iniciada por la mutual Carlos Mujica, a donde supuestamente debía llegar un subsidio de 161.848,30 pesos para talleres textiles para personas carenciadas. Seguir creciendo. Esta historia comenzó en octubre de 2010, cuando el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba realizó un convenio con la secretaría de Derechos Humanos para que un grupo de mujeres (muchas de ellas víctimas de la violencia doméstica) pudieran capacitarse en el uso de máquinas de costura industrial. Así, Derechos Humanos cedió un espacio (en la calle Laprida 1766, donde funciona un edificio destinado a capacitaciones) y Educación se hizo cargo de la docente y las máquinas. "Son 10 u 11 máquinas que pertenecían a Varas. Estaban en un depósito de la mutual Mujica y nosotros hicimos un convenio para darles uso", explicó Guillermo Galíndez, coordinador de Formación Profesional y Capacitación Laboral del Ministerio de Educación, quien está a cargo de este y otros talleres.Así, aprendieron sobre mantenimiento de estos aparatos y también costura industrial: fabricaron ropa, manteles, sábanas y hasta marroquinería. Unos días antes, y mientras organizaban un desfile de modas en el que mostrarían su producción, recibirían el certificado y anunciarían el inicio de una cooperativa, la secretaría de Derechos Humanos les informó que debían abandonar el lugar."Estas máquinas son objeto de un hecho ilícito. Para tenerlas debo tener un depósito judicial y yo no tengo acreditación para eso", dijo a La Voz del Interior Raúl Sánchez, secretario de Derechos Humanos.Por su parte, Guillermo Galíndez aclaró que las máquinas no están incautadas, sino que están en poder de Educación porque cuentan "con todos los papeles". "A raíz de la decisión tomada por Derechos Humanos, tuvimos que salir a buscar otros espacios. Hay dos lugares en los que podemos continuar. Sólo nos resta decidir dónde será", explicó.Uno de esos lugares es la Fábrica Militar de Aviones, ya que allí también existe una fábrica de paracaídas, a donde estas mujeres pueden integrarse. El otro es el Ipem 39, de barrio Don Bosco. "El justo que estas mujeres, que vieron en este taller una nueva oportunidad, puedan seguir adelante", dice Adriana Bustos, profesora del taller. "Queremos que nuestro esfuerzo no quede en la nada", agregó Nilda Pachatico, integrante del grupo.