Asistencia. Una oficina para tejer redes y evitar el laberinto judicial en casos de violencia de género

Carolina Aguirre fue policía y bombera voluntaria durante décadas, pero nunca imaginó que su vida quedaría atravesada por la violencia de una forma tan dolorosa. El 25 de diciembre de 2023, su hermana Andrea fue asesinada en Salsipuedes por su pareja y padre de sus hijas, Matías Aragone. Tras el femicidio, él también murió abatido por la Policía y las dos hijas de la pareja quedaron huérfanas.

Carolina, viuda y madre de cuatro hijos, asumió el cuidado de sus dos sobrinas, de 9 y 11 años. “Yo tuve que vender el auto para poder mantenernos. Cuando se apagaron las cámaras, no hubo más asistencia”, dijo en diálogo con La Voz.

La trama burocrática también se volvió asfixiante: trámites para acceder a la Ley Brisa (régimen de reparación económica para hijos menores de 18 años que han perdido a su madre o padre a causa de femicidio o violencia familiar), la tutela, la declaración de herederos, todo demoraba más de la cuenta y ella tenía que hacer trámites en los tribunales de Familia, Civiles, Penales.

Incluso el Registro Nacional de las Personas tardó meses en declarar fallecido al femicida porque no coincidían sus huellas dactilares con las del DNI. Aragone habría sido adoptado por un exmilitar de otra provincia durante la última Dictadura Militar por lo que había dudas sobre su identidad.

Carolina tomó contacto con la Unidad de la Defensa de Víctimas y siente que todo se empezó a acomodar. “Sin la ayuda de las chicas de la Unidad de Defensa de Víctimas, nada de esto hubiese salido. Ellas se movieron por todos lados para que podamos acceder a los derechos que nos correspondían. Ya tramitamos la ayuda económica de la Ley Brisa y me están ayudando a agilizar la declaratoria de herederos”, remarcó Carolina en diálogo con La Voz.

Esa “unidad”, que ella menciona con gratitud, es la Unidad de la Defensa de Víctimas (UDV), un espacio creado por el Ministerio Público de la Defensa de Córdoba en noviembre de 2024 para brindar acompañamiento integral a víctimas de violencia familiar y de género con múltiples vulnerabilidades.

La Unidad depende de la Dirección General de las Unidades de la Defensa Pública (a cargo de Mariano Brusa). Esta unidad es coordinada por Clarisa Castellanos y funciona en el Polo de la Mujer, en Córdoba capital.

Se trata de un equipo transdisciplinario compuesto por cuatro abogadas y dos trabajadoras sociales, que intervienen en casos derivados desde áreas clave como Violencias Extremas del Polo, la Unidad Judicial de Homicidios, los juzgados de Violencia Familiar, y la Unidad Fiscal de Violencia Familiar.

A diferencia de las defensorías tradicionales que se concentran en lo jurídico, la UDV prioriza la escucha, la detección de necesidades y la articulación de soluciones concretas. Trabaja con mujeres y personas en situación de violencia extrema que además enfrentan otras vulnerabilidades: embarazo, migración, discapacidad, situación de calle, o cuidado de niños con necesidades especiales.

“La víctima de violencia no solo atraviesa una causa penal. También tiene que lidiar con trámites de familia, vivienda, salud, alimentación. Y si está sola, se pierde en un laberinto de oficinas y fueros”, explicaron desde el equipo a La Voz.

Por eso, el trabajo apunta a tejer redes: con otros fueros, con instituciones como Anses, con Senaf, y con los propios organismos judiciales. A falta de acceso directo al sistema de administración de causas, la unidad creó “nodos operativos” en cada fuero: empleados que ayudan a obtener información clave de cada expediente. También se coordina con consultores temáticos, que asesoran en cada área.

La intervención comienza con una entrevista inicial en la que no se repregunta sobre los hechos, para evitar la revictimización. A partir de allí, se diseña una estrategia de acompañamiento y se gestionan derivaciones responsables. El contacto con las víctimas continúa por WhatsApp, llamadas o incluso visitas domiciliarias.

“Antes, una víctima podía hacer la denuncia y quedar sola. Nadie sabía qué pasaba después. Ahora hay seguimiento, contención y, sobre todo, alguien que ayuda a destrabar el sistema”, dijeron las profesionales.

Mariana vive con una enfermedad crónica, y durante 16 años fue víctima de todas las formas de violencia de género. También sus hijos sufrieron violencia por parte de su padre. Su causa tiene trámites en tres fueros: Penal, Civil y Familia.

Cuando llegó a la UDV, Mariana venía de años de idas y vueltas por distintos fueros. “Nunca nadie me había ayudado así. Las chicas me acompañaron, me sacaron turnos, hablaron con los juzgados por mí. Me sentí contenida, sin ellas estaría perdida”, relata.

Durante ocho años vivió con un botón antipánico, incluso su agresor tuvo tobillera dual.

Según su relato, gracias a esta intervención Mariana logró frenar un desalojo que ya tenía sentencia firme. También recibió asistencia en causas penales, civiles y familiares, y logró extender una medida de restricción de acercamiento.

Desde su creación, la UDV ya intervino en más de 200 casos. El equipo funciona de lunes a viernes, de 8 a 20, con guardias pasivas las 24 horas. No se requieren turnos previos y su sede está en Entre Ríos 680, Córdoba capital.

Cada intervención finaliza cuando la víctima logra tener contacto directo con defensoras y defensores de cada fuero y puede avanzar por sí sola. “La idea no es anular a la persona, sino ayudarla a autogestionarse”, aclaran.

Si bien por ahora funciona sólo en Córdoba capital, el equipo sueña con replicar el modelo en el interior provincial. “El acceso a la justicia no puede depender de la geografía. Muchas víctimas llegan caminando porque ni siquiera tienen para un boleto”, cuentan.

Así, buscan ser un puente humano, cercano y empático entre esas personas atravesadas por múltiples dolores y violencias en un sistema que les exige más burocracia, incluso para ayudarlas.