Una imputación inédita por proxenetismo

En lo que constituye la primera imputación en Córdoba tras la reforma de la ley federal de trata de personas, cambios en los que también se modificaron algunos artículos de la ley de profilaxis que es de competencia provincial, un hombre de 30 años permanece detenido acusado de 10 hechos de "explotación económica de la prostitución ajena calificada". Se trata de una derivación judicial tras la denuncia, a principio de febrero, de un grupo mujeres trans en situación de prostitución que aseguraron ante la Justicia que un sujeto desde hacía más de un año las amenazaba y maltrataba si no accedían a entregarle un porcentaje de sus ganancias.Se trata, según interpreta la fiscal de Distrito 3 Turno 3, Eve Flores, de una variante de proxenetismo: en lugar de ejercer la explotación sexual en un domicilio particular, en este caso, según se presume, el imputado cobraba un porcentaje a las mujeres trans de lo que obtenían de su trabajo sexual en la vía pública, en la zona del Mercado Norte de la ciudad de Córdoba.Lo que significa que el presunto proxeneta no tenía un establecimiento fijo pero se había "adueñado" de una zona pública.Según la investigación, el sospechoso, además de exigirle el pago de una suma de dinero, también habría alquilado unas piezas para que las mujeres trans ejercieran el trabajo sexual.Al resolver la imputación contra el sospechoso, identificado como Darío Juárez (30), quien permanece detenido desde los primeros días de este mes, la fiscal valoró que la supuesta "protección" que decía brindar como contraprestación al pago que exigía era, en realidad, un eufemismo para permitir el uso de un territorio (la vía pública) del que se había adueñado de manera ilegítima.Juárez fue detenido en un departamento de calle La Rioja y, ya en prisión, los comisionados de la fiscalía continuaron recolectando testimonios y pruebas que ahora la fiscal valoró en su contra. Denuncias En las denuncias que dejaron asentadas en la Unidad Judicial Nº 1, las mujeres trans habían advertido que desde hacía varios meses eran extorsionadas por el ahora detenido. "Las compañeras denunciaron que periódicamente, en la zona del Mercado Norte y el microcentro, son sorprendidas y reducidas con gas pimienta y luego golpeadas con saña; eso porque se resisten a pagarle a este proxeneta o atender otras exigencias para poder trabajar", apuntó en su momento Nadiha Molina, titular de la delegación local de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta).El caos cayó en un principio en manos del fiscal de feria Distrito 1 Turno 4, Rubén Caro, que determinó girar el expediente a su par Eve Flores que tiene una competencia excepcional en todos los casos conexos a la trata de personas que sean de jurisdicción provincial.Al evaluar las pruebas recolectadas, la fiscal determinó, ahora, una imputación sin antecedentes en toda la provincia. En su resolución, hizo valer por primera vez en Córdoba la sanción de la ley nacional 26.842, que modificó la ley de trata de personas y que en uno de sus párrafos dejó en claro: "El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores".Tras ello, en los últimos días se han reiterado una serie de manifestaciones en las escalinatas de Tribunales II, en las que allegados a Juárez reclaman que sea puesto en libertad.No obstante, en caso de prosperar la acusación en su contra, las penas previstas oscilan entre los cinco y los 10 años de cárcel.

Imputado. El sospechoso, Darío Juárez, fue imputado por 10 hechos de "explotación económica de la prostitución ajena calificada" (prevé penas de entre cinco y 10 años de prisión). Se sospecha que cobraba un porcentaje de las ganancias que obtenían las mujeres trans en situación de prostitución que trabajan en la vía pública adyacente al Mercado Norte de la ciudad de Córdoba.

Resolución. Al dictaminar la imputación contra Juárez, la fiscal Eve Flores, que lleva adelante todas las causas conexas a la trata de personas que son de competencia provincial, tuvo en cuenta por primera vez en la provincia una modificación que se realizó a la ley de profilaxis a partir de la sanción, en diciembre de 2012, de la ley nacional 26.842. En ese apartado, se dejó explicitado que el "consentimiento" ya no debe ser tenido en cuenta al momento de evaluar una situación de explotación sexual.

Manifestaciones. En los últimos días, un grupo de allegados al detenido se ha manifestado frente a Tribunales II reclamando que sea sobreseído.