Un error policial en un número lo sobreseyó en una causa de drogas, pero ahora sufrió un revés por un llamativo delito que habría cometido. La situación judicial de un hombre de Villa María quedó más comprometida por la presunta venta de su camioneta, que estaba bajo control de la Justicia.
Tras una investigación con intervenciones telefónicas, por el presunto accionar de una organización dedicada a la venta de estupefacientes, la noche del 21 de septiembre de 2012 los policías allanaron la casa de Romeo Franco “Pokemon” Vercellone y su familia.
La orden de Roque Rebak (de Villa María), por entonces juez subrogante de Bell Ville, debía efectivizarse en un inmueble de calle Progreso al 633. Pero los efectivos allanaron la vivienda de Vercellone, ubicada en Progreso 663.
La sola confusión a partir de un número llevó al juez a declarar la nulidad del operativo y la de todos los actos. El hombre fue interceptado cuando salía con su pareja y sus hijas, por lo que fue obligado a ingresar al inmueble.
Vercellone tenía en la billetera (que llevaba en uno de los bolsillos del pantalón) aproximadamente un gramo de cocaína acondicionada en un envoltorio de plástico.
La camioneta no fue secuestrada en la casa de Vercellone en Villa María, allanada por error, sino en otra vivienda de Pozo del Molle, por lo que el rodado continuaba bajo depósito judicial.
En 2016, el camarista Eduardo Ávalos, de la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba, consideró que la nulidad se extendía a la incautación de la droga en poder de Vercellone porque la Policía no tenía orden judicial para entrar a esa casa.
Finalmente, la Cámara confirmó el sobreseimiento de Vercellone respecto a la tenencia de drogas. Pero ahora se lo investiga por otro presunto delito.
Una camioneta, una venta y una acusación
La defensa solicitó la entrega definitiva de la camioneta Ford Ranger secuestrada oportunamente en la causa y sobre la que Vercellone fue constituido como depositario judicial.
El vehículo había sido incautado en una serie de allanamientos en un domicilio situado en la localidad de Pozo del Molle. En el marco de la causa, en noviembre de 2012, el juez ordenó la entrega en depósito judicial, sin posibilidad de uso, de los vehículos incautados. De este modo, la Ford Ranger fue cedida a Vercellone como depositario judicial.
La camioneta no fue secuestrada en la casa de Vercellone en Villa María, allanada por error, sino en otra vivienda en Pozo del Molle, por lo que el rodado continuaba bajo depósito judicial.
En agosto de 2014, Vercellone transfirió el vehículo a un hombre. Para la camarista Graciela Montesi, se transgredieron las obligaciones impuestas a Vercellone, “sustrayendo el vehículo del ámbito de tenencia de la administración judicial”. Fue imputado por el delito de “depositario infiel”.
“Una vez constituido (…) como depositario judicial de bienes secuestrados (…), aceptado el cargo depositario, este queda a partir de allí a cargo de la guarda y custodia de ese bien público (,…), y el Juzgado que otorga el depósito queda a cargo del control del cumplimiento de dicho cargo público, a cuyo efecto, debe ser anoticiado de cualquier cambio de la cosa en depósito”, sostuvo.
“La conducta ilícita achacada (…) se consuma al momento del quebrantamiento del depósito con la disposición arbitraria del bien, siendo que la verdadera naturaleza del delito está constituida en sustraer los bienes de la esfera de custodia administrativa que le fue designada, separándolo de este modo del destino acordado por leyes, reglamentos u órdenes legítimas”, indicó Montesi.
“Una vez constituido (…) como depositario judicial de bienes secuestrados (…), aceptado el cargo por el depositario, éste queda a partir de allí a cargo de la guarda y custodia de ese bien público (…), y el Juzgado que otorga el depósito queda a cargo del control del cumplimiento de dicho cargo público, a cuyo efecto debe ser anoticiado de cualquier cambio de la cosa en depósito”, sostuvo.
Consideró, en ese sentido, que Vercellone no podía desconocer las obligaciones que pesaban sobre su función, al haber tomado conocimiento de los alcances de su designación al momento de la suscripción del acta de entrega del vehículo, aceptando de este modo las obligaciones.
Para Montesi, el delito se consumó cuando dispuso del vehículo sin autorización judicial para transferirlo. Con esa decisión, habría imposibilitado que el juez inspeccionara o dispusiera del vehículo.
Finalmente, Montesi y sus pares, Eduardo Ávalos e Ignacio María Vélez Funes, confirmaron el procesamiento dictado por el juez de Bell Ville.
Otro hecho
En un caso reciente, un “exitoso” operativo antidrogas en barrio Observatorio, de la ciudad de Córdoba, se declaró nulo judicialmente debido a que los agentes que actuaron no siguieron las reglas mínimas para asegurar las garantías constitucionales.
