Trata: piden que vuelvan a la cárcel 30 colombianos

El fiscal federal Enrique Senestrari apeló las excarcelaciones de 28 a 30 colombianos detenidos por los delitos de asociación ilícita y trata de personas agravada, liberados por el juez Ricardo Bustos Fierro durante la pasada feria judicial de invierno.

En los recursos presentados ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, el fiscal critica duramente lo resuelto por el magistrado, ya que a los beneficiados por la medida podrían corresponderle condenas de más de 8 años de prisión; es decir que no se trata de penas de ejecución condicional.

Los colombianos fueron apresados el pasado 13 de junio después de 72 allanamientos policiales, realizados simultáneamente en 10 provincias argentinas, oportunidad en que fueron liberadas más de 200 personas del mismo país, que habrían sido explotadas por la organización desbaratada. El megaoperativo implicó la actuación de unos 500 agentes de la Afip (Administración Federal de Ingresos Públicos) y la policía aeroportuaria, además de otras fuerzas de seguridad.

En los primeros instantes se habló del “contador” como jefe de la banda dedicada a la explotación laboral de personas. Este individuo, identificado como Germán Vásquez Vásquez, está entre los excarcelados por Bustos Fierro, pero Senestrari aclaró que los verdaderos “cerebros” de la asociación ilícita podrían haber sido alertados o sospechaban de que serían capturados, por lo que retornaron a Colombia poco antes de los allanamientos.

“Le pedí al juez que reclamara la captura internacional de los jefes, pero les concedió la exención de prisión con la condición de que se presentaran al juzgado cada dos meses. Esto no ocurrió ni creo que aparezcan”, confesó Senestrari.

Respecto del “contador”, el fiscal resalta “el peso y solidez de la imputación, lo cual se evidencia con las tareas investigativas realizadas por personal de la Policía de Córdoba, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Afip quienes, con los seguimientos realizados, la cantidad de escuchas telefónicas que lo vinculan con la causa y los resultados de los allanamientos, que lograron desbaratar un grupo de colombianos constituidos en una compleja organización delictiva, siendo el nombrado (Vásquez Vásquez) uno de los cabecillas de la misma, quien vino a nuestro país a recaudar el dinero producido”.

Senestrari vaticina que el “contador” va a eludir la acción de la justicia y entorpecerá el procedimiento. Sostiene que la resolución de Bustos Fierro “no respeta las reglas de la lógica y posee vicios de razonamiento que la tornan nula”.

Acto seguido el fiscal intenta destruir la decisión del juez mencionando cada uno de sus razonamientos, comenzando por el referido a las condiciones personales del imputado. El “contador” declara que reside en el extranjero, es licenciado en economía y trabaja en la firma Sinteplas SA. “El juez cierra el razonamiento diciendo que esto surge de su declaración indagatoria. Si es válido semejante fundamento, podrá usted ya mismo dictar el sobreseimiento del nombrado, dado que seguramente también dijo que no cometió ningún delito”.

Otro argumento del juez para otorgar la excarcelación del acusado fue que durante el allanamiento “no opuso reparos ni obstaculizó el procedimiento”. Al respecto, Senestrari opina que eso “no es ni puede ser la base para hablar de inexistencia de riesgo procesal, sino sólo un rasgo de inteligencia de una persona que al verse rodeada por el personal uniformado y armado cuida su integridad, absteniéndose de resistir el actuar policial”.

Continuando su análisis, el fiscal califica de “absolutamente inverosímil”, que el acusado “no tenga antecedentes penales” como asegura el juez basándose en “un informe nominativo, sin fichas dactilares, pedido sobre un extranjero que no reside en el país y además en un informe de Interpol que claramente responde que el nombrado no posee restricciones en el orden internacional, pero que no tiene información acerca de antecedentes que pudiera registrar en Colombia”.

Senestrari no olvida en su apelación, las denuncias de amenazas recibidas por algunas víctimas poco después de ser liberadas.

El modus operandi de la organización, según lo investigado por la fiscalía, consistía en reclutar a personas en zonas empobrecidas de Colombia y se las traía a nuestro país “engañadas”. Alejados de sus familias eran derivados a talleres de fabricación de canastos.

A mediados de junio, apenas conocidas las primeras detenciones, el abogado Federico

Pizzicari dijo: “La colectividad está indignada. Unos 50 trabajadores colombianos se quedaron sin trabajo. El procedimiento fue irregular. En Córdoba no han rescatado a nadie porque nunca hubo trata. Sólo hay algunos casos de trabajadores en negro”.

Pizzicari también indicó que esta gente no fue obligada a venir y que cuentan con toda la documentación. Raúl Salazar (27), uno de los trabajadores colombianos, señaló: “Trabajaba en la fábrica. Es cierto que estaba en negro, pero trabajaba porque quería. Vinimos por nuestra cuenta”.

"Modus operandi". Según lo investigado por la fiscalía, la organización recluta a personas en zonas empobrecidas de Colombia y las trae a Argentina "engañadas". Talleres. Alejados de sus familias, eran derivados a talleres de fabricación de canastos y otras actividades en las provincias de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Misiones, Santa Fe y San Juan, entre otras. Arribo. La investigación surgió ante el elevado número de ciudadanos colombianos que arribaba al aeropuerto Córdoba sin equipaje ni dinero.