Temor por el destino del centro cultural General Paz
Profesores y alumnos se reúnen en el edificio hoy, preocupados por su futuro. El municipio lo cedió en comodato a la Nación por 30 años.
Profesores y alumnos de cursos y talleres del centro cultural General Paz se reunirán hoy, a las 19, en el viejo edificio de calle Pringles al 400, en la ciudad de Córdoba, para expresar su preocupación por el destino de este espacio cultural, que la Municipalidad cedió en comodato por 30 años al Instituto Nacional del Teatro (INT), a través de una ordenanza aprobada a fines de septiembre. Además, los docentes temen por su fuente laboral.
Trascendió que concurrirán patrimonialistas que no quieren modificaciones estructurales del viejo edificio, que integra el listado de bienes patrimoniales de la ciudad.
Según el convenio de cogestión entre el municipio y el INT (no firmado aún), este organismo abrirá en el Centro Cultural General Paz la primera sala de artes escénicas del país, para lo cual deber reacondicionar el lugar. La inversión nacional rondaría en cinco millones de pesos.
Autoridades de Cultura aseguraron días atrás que la intención es “revalorizar” el centro cultural e “impulsar el teatro independiente”, además de destacar que Córdoba será la primera ciudad argentina en tener una sala “federal”.
El acuerdo indica que las instalaciones cedidas al INT serán “para uso exclusivo de presentación de espectáculos de artes escénicas”.
La profesora de dibujo y pintura Alejandra Pérez Álvarez opinó que el centro cultural General Paz “podría aprovecharse mejor” y lamentó que, “en vez de dar más valor a los talleres, se quiera crear una sala de teatro”. Raquel Rico, profesora de corte y confección, resaltó que en el lugar “trabajan muchos docentes y cursan muchos alumnos”. En solidaridad con los profesores, la alumna Virginia Santillán advirtió que “en el futuro no habrá más exposiciones de pintura, cursos y talleres, lo cual perjudicará a docentes”.
¿Ordenanza nula?
El abogado constitucionalista Adonis Molina Herrera opinó que la ordenanza “está viciada de nulidad, porque no se respetaron requisitos como la mayoría de dos tercios de votos ni se realizó la doble lectura y la audiencia pública”.
Según Molina Herrera, el convenio “implica un abuso de poder, debido a que el municipio no tiene la facultad de otorgar en comodato por 30 años el centro cultural, o sea casi ocho períodos de gobierno”.
Lo mismo habían planteado ediles opositores, para quienes hubo “irregularidades”.
