Escuelas. Santa Fe identificó a 73 responsables por falsas amenazas: los padres deberán pagar hasta $ 6 millones
El Gobierno provincial busca recuperar los costos operativos de los despliegues de seguridad. El 95% de los implicados son menores de edad, lo que traslada la responsabilidad civil y económica a sus familias.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe dio un paso firme en la lucha contra las falsas amenazas de bomba que afectan a los establecimientos educativos. Hasta la fecha, las autoridades lograron identificar a 73 personas como responsables de estos incidentes en todo el territorio provincial.
La medida más contundente anunciada por la administración de Maximiliano Pullaro es el recupero de los costos operativos generados por cada intervención.
Según estimaciones oficiales, cada procedimiento que involucra el despliegue de la policía, bomberos y equipos de emergencia representa un gasto de entre 5 y 6 millones de pesos. Debido a que cerca del 95% de los señalados son menores de edad, serán sus padres o adultos responsables quienes deberán hacerse cargo de estas cifras millonarias.
Un fenómeno a gran escala
Desde el inicio del año, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) registró un total de 404 denuncias en las cinco fiscalías regionales. La distribución de los casos muestra un impacto desigual en la provincia:
- Fiscalía Regional Nº 2: concentra la mayor cantidad de incidentes con 238 casos y 23 personas identificadas.
- Fiscalía Regional Nº 1: reportó 75 casos y 15 identificados.
- Fiscalía Regional Nº 5: sumó 35 denuncias y 14 identificados.
- Fiscalía Regional Nº 3: contabilizó 33 casos y 17 identificados.
- Fiscalía Regional Nº 4: recibió 23 denuncias y 4 identificados.
Allanamientos y consecuencias legales
La investigación no sólo se limitó a rastrear llamadas. Se ejecutaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, resultando en el secuestro de 51 elementos, entre ellos teléfonos celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido y diversos proyectiles.
"No es broma, es un delito", enfatizó Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional de la provincia.
Por su parte, el Ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, advirtió que las consecuencias para los responsables y sus familias podrían extenderse más allá de lo económico, afectando la posibilidad de tramitar permisos de viaje o certificados, dado que estos hechos generaron antecedentes en la Justicia.
Con esta política, Santa Fe se alinea con otras provincias argentinas que buscan frenar la viralización de estas conductas, que llegaron a registrar picos de hasta 65 denuncias en un solo día. El objetivo final, según las autoridades, es garantizar que la escuela vuelva a ser un espacio seguro de contención y aprendizaje.
