Pediatras por un abordaje penal multidisciplinar para adolescentes
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) presentó un documento en el que fija posición sobre la baja en la edad de imputabilidad. El documento sostiene que la medida "no constituye un aporte para disminuir los casos de violencia y mejorar la seguridad".
El escrito cita un comunicado anterior de la SAP, presentado en el año 2004, en el que ya advertía que el enfoque centrado en bajar la edad de imputabilidad a menores de 16 "presupone que, porque un pequeño número de ellos delinque, los adolescentes como grupo son un riesgo para la sociedad" y lo tilda de "parcial".
Fundamenta su definición explicitando que "el porcentaje de delitos cometidos por menores de 16 años es ínfimo" y aquellos que revisten gravedad no superan el "uno o dos por ciento", según datos del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema.A través de esta presentación, la SAP sugiere que "en lugar de castigar los actos de los adolescentes" se opte por ejecutar otras medidas "que pueden mejorar y prevenir el problema".
Las principales que cita son la promoción de actividades culturales barriales y comunitarias, el apoyo a la educación pública y la mejor cobertura de salud.
En su nota también le reclama al Parlamento el nombramiento del Defensor parlamentario de los Derechos de los Niños, dispuesto en el año 2008 cuando se sancionó la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y que tras ocho años no se ha ejecutado. Agrega que a finales del año pasado la entidad escribió "sendas cartas instando a los presidentes de ambas cámaras a cumplir con dicha ley" y no obtuvo respuestas.
Destaca en uno de sus párrafos que la solución al problema del tratamiento penal juvenil debe ser de carácter multidisciplinario, y "todas las medidas a tomar para solucionar la delincuencia juvenil deben ser precedidas por una definición clara y un análisis amplio".
Y exige que los proyectos de Ley tomen como marco la Convención Internacional de los Derechos del Niño.La SAP sostiene a través de su posicionamiento que "los sistemas juveniles de justicia debieran poner más énfasis en la rehabilitación y reinserción social de los niños", en contraposición a la idea de penalizar y encerrar a los menores de 16 años.
