Ordenan nuevas pericias en neuropsiquiátricos de Córdoba

¿Se adecua Córdoba a la normativa nacional e internacional en materia de atención a los pacientes de salud mental? Es la incógnita que intenta develar la Justicia, que desde hace un año investiga varias denuncias relacionadas con la situación sanitaria en los centros psiquiátricos públicos de la provincia. Algunos de estos escándalos fueron revelados o reflejados por La Voz del Interior . Por ejemplo, el estado inhumano en el que se encontraban los pacientes del Hospital de Bell Ville, la precariedad del Ipad, los presos sin ver la luz casi todo el día en el Centro Psico Asistencial (CPA), la persistencia de las salas de contención, las renuncias de funcionarios por no ser escuchados o la falta de presupuesto para el área.El fiscal en la Penal Económico Gustavo Hidalgo ordenó ahora realizar un nuevo informe técnico con personal del Poder Judicial, con la colaboración, entre otros, de los jefes de Psiquiatría Forense y del servicio de Psicología.El objetivo es que un órgano multidisciplinario –formado también por médicos y trabajadores sociales– establezca si los cinco institutos psiquiátricos de los hospitales de Córdoba se adecúan a las normas nacionales e internacionales en cuanto a atención sanitaria. Para eso se tendrán en cuenta el relevamiento con los estudios, las imágenes y los videos tomados apenas se produjeron las denuncias. La conclusión debería estar lista a fines de octubre.La causa judicial se inició con dos denuncias de la legisladora Liliana Montero (Frente Cívico). La primera se produjo el 10 de octubre de 2012, para que se investigara a todos los centros de salud de la provincia. La segunda se realizó a mediados de abril de 2013, tras la difusión de las imágenes del neuropsiquiátrico de Bell Ville. Los denunciados son tanto autoridades provinciales en funciones (gobernador y funcionarios de salud) como exautoridades que ocuparon esos cargos. Advertencias previas A esta causa judicial se le suman los documentos de la Mesa Permanente por los Derechos Humanos y la Salud Mental –integrada por trabajadores, profesionales, académicos y universidades–, que desde hace casi dos años alertan sobre la precaria situación en los hospitales y las demoras para adecuarse al paradigma de atención que marcan las nuevas normas. En especial, la de la ley provincial de Salud mental (9848), sancionada hace más de dos años y reglamentada recién en enero de 2013. La norma fue el fruto del trabajo de reflexión de todos los sectores involucrados, y plantea la desmanicomialización de los pacientes, a través de una serie de mecanismos que nunca se instrumentaron.En la reglamentación no se aclara, por ejemplo, cuál será el presupuesto destinado al área. Liliana Montero reconoce que el Gobierno "está llevando a cabo algunos cambios", como las refacciones en Bell Ville: "Sé que se están haciendo las obras que llevan 14 años de atraso, que se nombró personal, que hay capacitaciones y mucha voluntad del equipo". Pero advierte que "aún hay deudas del Gobierno, de acelerar las transformaciones, de darle plena vigencia a las leyes de salud mental. No pasa sólo por mejorar edificios ni por externar pacientes sino que es mucho más complejo", denuncia.Para Jacinta Burijovich, integrante de la Mesa Permanente, "han mejorado cuestiones edilicias, pero persisten situaciones como la del CPA (donde se aloja a pacientes psiquiátricos judicializados), con personas que pasan 23 horas al día en una habitación, con una gestión en manos de la Policía", señala. Agrega que "se avanzó a partir de lo de Bell Ville en el traslado de pacientes a Santa María y Cruz del Eje, pero no hubo seguimiento". Respecto de la nueva ley de narcomenudeo, la también coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la UNC asegura que "se trata a los adictos no como pacientes que necesitan atención, sino que se los encuadra en la lucha contra el narcotráfico".

Lanzamiento. El Ministerio de Salud de la Nación lanzó ayer el Plan Nacional de Salud Mental, que busca garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con esos padecimientos.Elaboración. El programa fue elaborado por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, organismos del Estado nacional y provinciales, universidades, centros de investigación, expertos argentinos y extranjeros, organizaciones de derechos humanos y sociales, y personas con padecimientos mentales.