La Municipalidad de Córdoba tiene menos de 10 días para reglamentar la reforma que ordena la actividad de los cuidacoches, también llamados naranjitas, dentro del régimen de estacionamiento medido y controlado. La modificación ya fue aprobada por el Concejo Deliberante y debe empezar a regir el próximo 26 de mayo.
La fecha no es casual. Ese día vence el plazo establecido por la reforma del Código de Convivencia Provincial, que prohibió la actividad de cuidacoches sin autorización de los municipios y comunas. La ley provincial 11.117 incorporó sanciones para quienes exijan o impongan una retribución económica por permitir estacionar, permanecer en un lugar o retirar un vehículo sin habilitación legal.
En la ciudad de Córdoba, el Concejo Deliberante no creó un régimen completamente nuevo. Lo que hizo fue reformar la ordenanza 10.425, vigente desde 2001, que regula el estacionamiento medido y controlado en la vía pública.
Sobre esa base, la nueva norma incorpora el pago digital, restringe la prestación a cooperativas autorizadas y redefine el rol de los trabajadores. Ya no serán cobradores directos, sino constatadores del sistema municipal.
La ordenanza fija el marco general, pero deja en manos del Ejecutivo buena parte de las definiciones prácticas. Por eso, el principal desafío ahora está en la reglamentación.
El municipio informó que trabaja contrarreloj para llegar al 26 de mayo con el sistema en condiciones de funcionar. Sin embargo, todavía no hay definiciones oficiales sobre varios puntos centrales para los usuarios, las cooperativas y los organismos de control.
Hasta ahora, el principal vocero político fue el intendente Daniel Passerini. En declaraciones públicas, sostuvo que desde el 26 de mayo nadie podrá exigir dinero en efectivo en la calle para cuidar autos y que el nuevo esquema funcionará con pago digital mediante código QR.
Pago digital
La primera incógnita es la aplicación. La ordenanza establece que el estacionamiento deberá pagarse por medios digitales y que la Municipalidad deberá implementar una herramienta simple y accesible para iniciar, finalizar y abonar el servicio.
Esa plataforma también deberá permitir identificar las zonas alcanzadas por el estacionamiento controlado, geolocalizar al usuario y consultar información básica del sistema. Todo indica que será una aplicación nueva que reemplazará a la que hoy se utiliza para el estacionamiento medido en el Centro.
La definición es clave para el ciudadano. Desde el 26 de mayo, en las zonas habilitadas, el pago ya no debería realizarse a una persona en la calle, sino a través de un sistema municipal.
El punto que aún no tiene respuesta pública es qué pasará con quienes no usan billeteras virtuales, no tienen tarjeta cargada o no cuentan con saldo digital. La reglamentación deberá aclarar si habrá recargas en comercios, bocas municipales, puntos autorizados o algún mecanismo alternativo para no excluir a una parte de los usuarios.
También deberá definirse cómo se resolverán situaciones cotidianas. Por ejemplo, qué pasará con una persona que estaciona sin batería en el celular, con un turista que no conoce el sistema o con un adulto mayor que no utiliza aplicaciones de pago.
Otra cuestión pendiente es la señalización. Para que el nuevo régimen sea comprensible, cada cuadra alcanzada por el estacionamiento controlado deberá estar claramente identificada.
El municipio deberá establecer qué cartelería se usará, dónde estarán los códigos QR, cómo se informarán las tarifas y cómo podrá verificar el usuario si una persona que se presenta como constatador está realmente autorizada. Sin esa información visible, el riesgo es que convivan el sistema formal y los pedidos informales de dinero.
Cooperativas autorizadas
El segundo gran frente es la regularización de las cooperativas. La reforma establece que la prestación sólo podrá estar a cargo de cooperativas de trabajo autorizadas por el municipio.
Ese punto abre un problema operativo inmediato. Según admiten en el municipio, la mayoría de las cooperativas vinculadas a la actividad todavía debe ordenar documentación y completar requisitos para quedar formalmente habilitada.
La reglamentación deberá precisar qué papeles serán exigidos. Entre ellos aparecen la personería, la matrícula, los estatutos, la representación legal, los seguros, la nómina de trabajadores y la situación administrativa de cada entidad.
También deberá definir qué ocurrirá con quienes hoy trabajan como naranjitas, pero no integran una cooperativa regularizada. Ese universo es uno de los más sensibles, porque la reforma provincial endurece las sanciones contra la actividad no autorizada.
La ordenanza también crea la figura de los constatadores. Serán las personas que, dentro de una cooperativa autorizada, podrán verificar si el conductor inició el estacionamiento digital.
Esos trabajadores no tendrán poder de policía. Tampoco podrán exigir efectivo ni imponer pagos por fuera de la plataforma municipal.
La reglamentación deberá definir cómo se los identificará. La ordenanza prevé uniforme, credencial y pertenencia visible a una cooperativa, pero falta conocer el formato, los controles y el mecanismo para que cualquier vecino pueda chequear la autorización.
Otro punto abierto es la capacitación. El texto aprobado exige formación en atención al ciudadano, comunicación asertiva, resolución pacífica de conflictos, seguridad vial, primeros auxilios, RCP, maniobras de Heimlich y uso de herramientas digitales.
La Municipalidad deberá resolver si esa capacitación será obligatoria antes del inicio del sistema o si habrá una etapa de transición. También deberá definir qué organismo la dictará y cómo se certificará.
Zonas y criterios
El tercer eje pendiente es el mapa del estacionamiento controlado. La ordenanza faculta al Ejecutivo a determinar las zonas, pero no establece de manera cerrada cuáles serán las cuadras alcanzadas.
Esa definición es central para los barrios, los comercios y los vecinos. La reglamentación deberá explicar con qué criterios se podrá sumar una cuadra al sistema.
Entre las variables posibles aparecen la demanda de estacionamiento, la rotación comercial, la congestión, la presencia de corredores gastronómicos, la cercanía a hospitales, estadios, centros administrativos, universidades o espacios culturales. También deberá aclararse si los vecinos podrán pedir la incorporación o la exclusión de una zona.
Eventos masivos
El cuarto punto sensible son los eventos masivos. La reforma provincial contempla agravantes cuando el cobro ilegal se produce en el marco de espectáculos públicos, deportivos, artísticos, culturales o de otra naturaleza que impliquen concentración de personas.
La ordenanza municipal habilita el cobro en eventos, pero deja definiciones abiertas. El Ejecutivo deberá precisar qué escala de espectáculo justificará la implementación del estacionamiento controlado.
No es lo mismo un partido de fútbol, un recital en un estadio, una feria barrial, una función teatral o un evento gastronómico nocturno. Si no hay criterios objetivos, la aplicación puede quedar librada a decisiones caso por caso.
También deberá determinarse qué cooperativas trabajarán en esos eventos. Una alternativa es asignarlas según la zona; otra, establecer un sistema rotativo.
Esa decisión no será menor. Los espectáculos nocturnos suelen ser uno de los focos de mayor conflicto entre cuidacoches, automovilistas y fuerzas de seguridad.
La reglamentación también deberá establecer cómo se delimitarán las áreas de cobro en esos casos. Deberá quedar claro cuántas cuadras alrededor de un estadio, teatro o predio estarán alcanzadas, durante qué horario y con qué tarifa.
Control y fondos
Otro tema pendiente es la coordinación con la Provincia. La nueva ley invitó a municipios y comunas a informar al Ministerio de Seguridad quiénes son las personas habilitadas para realizar la actividad.
Ese intercambio será clave para los controles policiales. Desde el 26 de mayo, la Policía deberá poder diferenciar entre un trabajador autorizado por el municipio y una persona que exige dinero por fuera del sistema.
La reforma local también obliga a ordenar el circuito económico. La ordenanza prevé que el 80% de lo recaudado sea destinado a las cooperativas autorizadas y que el 20% quede para el municipio.
La reglamentación deberá precisar cómo se liquidarán esos fondos, con qué periodicidad y bajo qué controles. También deberá establecer qué información se elevará al Concejo Deliberante en los informes semestrales previstos por la norma.
El nuevo régimen apunta a cambiar una práctica instalada desde hace años en la ciudad. Para el automovilista, la diferencia debería ser concreta: pagar solo en zonas habilitadas, por medios digitales y sin entregar efectivo en la calle.
Para que eso ocurra, el municipio debe resolver en pocos días una serie de decisiones operativas que todavía no están cerradas. La ordenanza ya fijó el marco legal, pero la aplicación real dependerá de la reglamentación, de la tecnología disponible, de la regularización de las cooperativas y de la capacidad de control desde el primer día.
