La Instrucción dejó a una fiscal en el camino

Cuando la situación del Registro General se tornó insostenible y empezaron a surgir sospechas y rumores que terminaron convirtiéndose en denuncias imparables, la causa recayó en la fiscalía del distrito 1 turno 1, a cargo de Patricia Oscariz, quien ocupó el cargo en forma interina porque no había aprobado el examen. Rápidamente, con el apoyo indisimulado del ministro de Finanzas, Ángel Elettore, la fiscal cobró un protagonismo poco común entre los magistrados de la Justicia provincial. Oscariz, no daba un paso sin que lo supiera Elettore y el propio ministro se encargaba de avisar casi a diario a periodistas conocidos de los medios para que entrevistaran a la fiscal, porque había "importantes novedades".Una de las medidas de estrépito público adoptada por la fiscal fue la clausura del edificio del Registro, con el apoyo del Eter, el grupo de elite conducido por Alejo Paredes, quien después sería jefe de Policía de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.El entonces gobernador consideró que había que "normalizar" el Registro y lo intervino. El interventor elegido fue Eduardo Gauna, mano derecha de Elettore. A escasos días de asumir, Gauna decretó el traslado de 30 empleados, entre ellos la abogada y funcionaria de carrera Teresita del Valle Maldonado, denunciante de una estafa registral que involucraba al juez de paz de Lucio V. Mansilla. Los que la desplazaron fueron los mismos que la premiaron con una medalla al cumplir los 30 años de servicio.Gauna dispuso los traslados porque esos 30 agentes "se oponían a la modernización y transparencia" del organismo.Oscariz ordenaba allanamientos, detenía sospechosos, producía novedades a diario. Cómo sería el "poder" acumulado por la fiscal que dejó de ir a su despacho en Tribunales II y ocupó una oficina en el edificio de Rentas. Se la veía custodiada por "sabuesos" de la DGR y con un chofer del organismo recaudador que la llevaba y traía a todos lados.En Tribunales, los murmullos crecieron y llegó el momento en que los fiscales se quejaban y criticaban el respaldo que tenía la "colega" sin ninguna experiencia y que no había aprobado el examen. Con el correr de los meses, la investigación de Oscariz tornó en fracaso y, para encontrarle una salida "elegante", quedó con "una carpeta médica", al parecer interminable. En una oportunidad, este diario le preguntó al fiscal general Darío Vezzaro cómo podía ser que Oscariz no frecuentara su despacho. "Su obligación es estar en tribunales", dijo Vezzaro. La repentina "enfermedad" de Oscariz surgió cuando hubo una nueva convocatoria de examen para aspirantes a fiscales y ella no se presentó. Los reemplazantes. Alejandro Moyano tuvo que hacerse cargo del "paquete" de Oscariz y fue necesario afectar a la investigación a Enrique Gavier. Los primeros meses fueron para dejar de lado actuaciones inservibles, corregir gruesos errores y encaminar la causa. La dupla Moyano-Gavier imputó a 189 sospechosos en más de 200 causas iniciadas y, a medida que avanzaban y cerraban un caso, lo elevaban a juicio.Lo realizado en la instrucción de la "megacausa" le valió a Gavier el ascenso a fiscal. Moyano y Gavier continuaron investigando juntos y, cuando llegó el momento de iniciar los juicios, se decidió que ambos se integraran a la Cámara Décima del Crimen para colaborar con el fiscal Pablo Sironi. Ese trabajo en equipo derivó en la realización de los primeros 17 juicios de la megacausa, entre agosto de 2008 y diciembre de 2010.