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Hay que darle sentido a la ley

Para cumplir con las leyes nacionales y provinciales que obligan a extender la jornada escolar a seis horas, con plazo hasta 2014, hay que garantizar aulas, organización y recursos. En Córdoba, falta un poco de todo. Mariana Otero.

27 de marzo de 2012 a las 12:01 a. m.
Hay que darle sentido a la ley

Para cumplir con las leyes nacionales y provinciales que obligan a extender la jornada escolar a seis horas, con plazo hasta 2014, hay que garantizar aulas, organización y recursos. En Córdoba, falta un poco de todo.

Si hablamos de presupuesto a largo plazo, hoy es difícil estimar la inversión que habría que realizar sólo en infraestructura –al margen de salarios docentes– para cumplir con la norma.

El Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (Copec) calcula que, si se introdujera la jornada extendida a unas 300 escuelas públicas por año, se requeriría una inversión anual de 105 millones de pesos. La Nación, en este caso, debería hacer su aporte.

Al margen de los recursos, lo que falta es información precisa. Hasta ahora no hay evaluación de la aplicación del programa ni datos concretos sobre los beneficios de extender dos horas la jornada escolar. Sí hay impresiones.

Los maestros, en general, aseguran que los chicos “están contentos” y hasta más entusiasmados que con las clases tradicionales. Parece que donde hay espacio, docentes y materiales, funciona.

El problema es que faltan condiciones para que todos puedan aprovechar la iniciativa. Sólo unos datos bastan para ilustrarlo: las escuelas suelen compartir edificio con otras, tienen más de un turno y no hay aulas disponibles.

En el 25 por ciento de las escuelas de jornada extendida, ésta sólo se dicta en sexto grado. En algunos casos no tienen Internet, faltan materiales, mobiliario y hasta docentes de algunas materias.

El caso de Pilar es, quizá, emblemático. Los padres, por elección, envían a sus hijos a un colegio estatal. Es una institución que supo mantener la “fama” de la antigua y prestigiosa escuela pública. Se entiende que no están en contra de más educación ni apuntan a criticar a maestras y directivos.

Lo que cuestionan es la improvisación, la falta de proyección y la reticencia de brindar información sobre los proyectos en los que se verán envueltos sus hijos.

La protesta va más allá de la falta de tiempo o de lugar para almorzar. Alzan la voz para decir que el cumplimiento de plazos y leyes cobra sentido cuando los beneficios dejan de ser ideas en papel para ser parte de los niños.