Conflicto. El Gobierno apeló el fallo que lo obliga a pagar a prestadores de Pami y del programa Incluir Salud
Pese a esta acción legal, la Justicia determinó que la medida seguirá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva.
El Poder Ejecutivo Nacional presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, la cual intimaba al Estado a regularizar en un plazo máximo de 72 horas las deudas mantenidas con los prestadores de servicios para personas con discapacidad.
Pese a esta acción legal, la Justicia determinó que la medida seguirá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva.
Obligación de pago inmediata
La resolución judicial, que surgió a raíz de un amparo colectivo, establece que el Pami y el programa Incluir Salud deben saldar sus deudas para garantizar la continuidad de tratamientos, entrega de medicamentos y prestaciones esenciales.
El Gobierno apeló la cautelar que lo obliga a saldar deudas con prestadores de Pami
El juez Vaca Narvaja otorgó a esta cautelar una vigencia de seis meses o hasta que exista una sentencia firme, y advirtió que el Estado se encuentra en “mora” respecto a sus obligaciones.
Un punto clave del fallo es que la apelación fue concedida con “efecto devolutivo”. Esto significa que, mientras la Cámara Federal de Apelaciones revisa el caso, el Gobierno no puede suspender los pagos y debe continuar con el proceso de regularización de las deudas de manera inmediata.
El origen del reclamo
La demanda fue impulsada por el colectivo Defendamos Córdoba, junto a instituciones de trayectoria como Apadim y el Pequeño Cottolengo Don Orione.
Según los denunciantes, la falta de pago por parte del Estado provocó que las terapias de niños, adultos mayores y personas con discapacidad se vean interrumpidas, afectando gravemente a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
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La postura oficial Desde el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, se reconoció la existencia de una crisis en el organismo, aunque aseguraron que los pagos ya se están ejecutando. El Gobierno justificó las demoras argumentando que responden a un “proceso de reordenamiento estructural” diseñado para corregir desvíos administrativos previos.
