Fotografías complicarían a los Barey
Son dos hermanos, principales imputados en la causa. En las imágenes, se los ve entrar y salir de locales sindicados como prostíbulos.
La primera semana del juicio contra siete imputados por el delito de trata de personas para explotación sexual resultó negativa para dos de ellos: los hermanos Favio Ricardo (42) y Daniel Alejandro Barey (34).
Los hombres habrían sido dueños de cinco prostíbulos en el Centro de la ciudad de Córdoba donde trabajaban, según la acusación, mujeres extremadamente vulnerables quienes, por hacer copas o ejercer la prostitución, resignaban el 50 por ciento de sus ingresos.
“Buenos días señores jueces, señor fiscal, señores abogados”, fue la presentación, si se quiere insólita en juicios orales y públicos, de los dos únicos acusados que no fueron excarcelados en el caso quizá más importante de trata de personas que se ventila en el Tribunal Oral Federal 2 de la Capital.
Los Barey ya tienen antecedentes desde 2008 por trata de personas con fines de explotación sexual. En la investigación seguida por el fiscal Enrique Senestrari se defendieron declarando que el fondo de comercio de los prostíbulos se había transferido a María Eugenia Eugier, quien aún adeudaba cuotas de la mencionada transferencia. Puntualizaron que ya no tenían nada que ver con los “bares de noche”.
La estrategia defensiva de los hermanos Barey, representados por el penalista Marcelo Brito, tuvo un golpe de efecto muy difícil de remontar, cuando en la última audiencia del pasado jueves los policías provinciales Romina Giacomonio, Marcelo Mamondes y Carlos Ruiz, convocados por Senestrari, coincidieron en que por las vigilancias y las escuchas telefónicas, los Barey habrían sido los dueños y usaban de pantalla a otras personas.
Para respaldar sus dichos, los policías presentaron fotografías de los principales imputados entrando y saliendo de los locales investigados, pruebas que pidieron ser incorporadas a la causa por el fiscal Maximiliano Hairabedian.
En la misma audiencia, a una pregunta del fiscal sobre la situación socioeconómica de las víctimas, el policía Mamondes mencionó a una de las mujeres supuestamente explotadas que vivía en una casa precaria con techo de chapa en barrio Nuestro Hogar. Marcelo Brito, defensor de los dos detenidos, preguntó al investigador el nombre de la víctima, cuestión que no supo responder, y si era una de las 25 mujeres rescatadas en los procedimientos.
Contra Senestrari
Los abogados de los siete imputados cargaron contra Senestrari porque, en los allanamientos, el fiscal habría ordenado que el dinero recaudado en los locales se distribuyera entre las mujeres que querían retornar por sus propios medios a sus domicilios, sin ningún tipo de custodia. Las fotografías aportadas por los policías muestran a Favio Barey entregando dinero a un hombre acompañado por un joven en silla de ruedas. “Era una ayuda para Jorgito (el minusválido)”, pidió aclarar el imputado.
En las fotos aportadas por los policías también aparece Pablo Hugo Bottiglieri, sindicado como custodio de las chicas que trabajaban en los locales que funcionaban como “bares de noche” y vigilaba los inmuebles contiguos acondicionados para los “pases” (servicios sexuales) hasta que los clientes se retiraban.
Bottiglieri es un excabo de Infantería dado de baja a los siete años de servicio, quien en la actualidad es guardia de seguridad de la obra social del Sindicato de Camioneros. Al dar sus condiciones personales en el primer día del juicio dijo que trabajaba como personal de seguridad en boliches como La Osa, es decir, como patovica.
El juicio, que se ventila en el Tribunal Oral Federal 2, promete ir para largo y una de las cuestiones que podrían favorecer “en algo” a los hermanos Barey es el testimonio de las 25 mujeres “rescatadas” de los prostíbulos en marzo de 2012.
