En las escuelas privadas, hay pedidos de descuento por los días de paro

Organizados tras acalorados debates por WhatsApp, varios grupos de padres que envían a sus hijos a colegios privados están planteando, en principio por la vía administrativa, que la escuela les reintegre en la cuota un proporcional a los días de clases no brindados.

La movida surgió en algunos colegios públicos de gestión privada, que tienen aporte estatal, pero no sobre la totalidad de los cargos. “Si un mes no nos dan todos los días de clases, que no se cobre el mes completo”, sostiene Vanesa, una mamá de Institución Escuti. En ese colegio, que adhirió a los cuatro días en el nivel primario, grupos de padres recolectan firmas para pedir el reintegro de los días sin clases.

“Yo calculo que, si hacen los dos paros de la semana próxima, la incidencia en la cuota es de un tercio”, completa Horacio, otro papá que paga 2.400 pesos por mes. Así, por la vía administrativa, elevaron una nota en la que solicitan –en virtud de los costos de organización familiar y dado que no se dispuso un mecanismo de recupero de esas horas– el descuento proporcional en la cuota de abril.

En el colegio Juan Mantovani, que también hizo paro, se está organizando un reclamo similar. En el Instituto José Peña debaten, aunque no han definido acciones.

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¿Es viable ese reintegro? Hugo Zanet, titular de la Dirección de Institutos Privados del Ministerio de Educación de la Provincia, sostiene que “se trata de un contrato entre privados”, en el que el Estado no interviene. “Nosotros regulamos que no cobren más de lo estipulado, pero es un acuerdo entre las partes”, sostiene.

De todos modos, en el Gobierno entienden que se trata de un reclamo válido que, llegado el caso, deberá determinar la Justicia.

“El costo del servicio escolar es íntegro, al portero hay que pagarle por más que un día no se haya realizado la limpieza; no es lineal el análisis. El colegio presta un servicio educativo anual que dura el año escolar y que no está medido por días de clases, sino por objetivos”, dice Guillermo Buitrago, titular del Consejo de Educación Católica. Insiste en que la escuela “tiene que estar abierta” los días de paro.

En Córdoba, el Estado subsidia, en promedio, el 85 por ciento de la carga salarial de las escuelas de gestión privada. Esto implica cubrir el personal básico y que el colegio afronte con las cuotas el personal de maestranza, el contador, el abogado, los profesores de materias extracurriculares y la incorporación de tecnología.

Para María Rosa Cooper, especialista en derechos del consumidor, en el caso de las escuelas privadas sin aporte no hay duda de que el servicio debe ser prestado o, en su defecto, reintegrado. Pero tiene sus objeciones en las escuelas con aportes oficiales.

Según el especialista en derecho privado Gustavo Vallespino, el eje de la cuestión radica en “el caso fortuito”. “El establecimiento educacional que puede evitar la falta de dictado de clases y no lo hace tiene el deber de responder y brindar el servicio al que se ha comprometido. Si ha cobrado por ese servicio, no puede ampararse en el caso fortuito, siempre y cuando no lo pueda evitar”, dice.

A su entender, en la mayoría de los colegios, el empleador no puede evitar esa ausencia porque sus maestros se han acogido a una huelga y la huelga es un caso fortuito. El paro es un hecho no causado por el establecimiento –se discute una paritaria que estará fuera de su alcance– y generalizado, ya que afecta a todos los docentes.

“Las horas que sí dependen del establecimiento las tiene que brindar, porque no se puede amparar en el caso fortuito”, dice Vallespino, aunque entiende que no será fácil calcular el proporcional en la cuota.

33% va a escuelas de gestión privada. Es un tercio de los 850 mil alumnos de todos los niveles.

930 escuelas tienen gestión privada, aunque reciben aportes públicos para el pago de los maestros y los profesores.

20, sin aportes. Se trata de las escuelas donde todos los gastos son solventados con el pago de las cuotas.

85 por ciento es el porcentaje del gasto salarial que cubre el Estado en las escuelas públicas de gestión privada.