El alambrado perimetral completo sobre todos los lotes ubicados en la manzana 64 de Cuesta Blanca no existe. No hay cómo saber si existió antes o nunca hubo un cierre total del loteo. Lo que se ve es un tramo de alambrado tipo “San Martín grueso” sobre los frentes a una calle, pero el acceso no está restringido por los costados ni atrás, otra calle pública.
Esto es lo que se puede observar en el lugar y aparenta contradecir lo que afirmó el subcomisario Juan Manuel Velázquez, comisionado por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, para constatar si los imputados por usurpación de estos terrenos habían cercado los lotes para tomar posesión de ellos, en una compleja maniobra que involucraba, según la acusación, a dos funcionarios municipales que advertían sobre terrenos con dueños “desinteresados”, que no pagaban las tasas municipales y que ofrecían una oportunidad delictiva.
Velázquez fue detenido por orden del fiscal Matías Bornancini por abuso de autoridad y por filtrar datos de investigaciones en curso. Lo imputó por estos delitos, pero separó la investigación por violación de secreto, que fue sorteada y recayó en la fiscal Patricia García Ramírez, quien rechazó la remisión y ahora será el fiscal de la Cámara de Acusación, Jorge Leiva, quien tendrá que definir si se vuelven a unificar las investigaciones o se mantiene la división que pretende Bornancini. El pase de pelota se tiene que definir en las próximas horas, porque al ser una causa con preso tiene prioridad.
El abogado Benjamín Sonzini Astudillo ya planteó ante el fiscal Gavier la denuncia contra Velázquez por falsedad ideológica y reiteró el pedido de que se haga una inspección jurisdiccional en los terrenos. Esto es: que el propio Gavier vaya y vea. Esto para terminar de tumbar las dos actas de supuestas inspecciones oculares que firmó Velázquez y que terminaron complicando la situación de los defendidos por Sonzini Astudillo.
Gavier imputó a los exfuncionarios de la comuna de Cuesta Blanca Rubén Eduardo Tozzini y Jorge Arias Visconti como presuntos líderes de una asociación ilícita orientada a hacer negocios ilegales con lotes, de las que consideró partícipes a cuatro integrantes de una familia: Aldo Galliano, Graciela Ramona Moreyra, Damián Galliano y Gisela Waldovino, en calidad de usurpadores.
