El riesgo de judicializar la política

Un Poder Ejecutivo que no es capaz de medir los alcances de una medida que afecta al 51 por ciento de los hogares del país es, desde el vamos, un Poder Ejecutivo débil. Queda sujeto no sólo a los avatares del humor ciudadano, sino a que sea el Poder Judicial el que le indique cómo tiene que gobernar.Es el caso del gas, donde hay más de 20 jueces (de diferentes instancias, en distintas provincias, con variados alcances) que juzgaron a su criterio el cuadro tarifario que se aplica desde el 1° de abril y determinaron cómo debería ser. Ellos, que estudiaron derecho. Y que, por cierto, son usuarios de gas.No es un despropósito si los que saben del tema no lo pudieron hacer bien. De eso se trata, justamente, la debilidad: al no hacer las cosas bien, se judicializa la gestión.Tampoco fue un error de sintonía fina, porque nadie en el Ejecutivo sospechó que podría haber revuelta vecinal cuando las familias recibieran boletas hasta 12 veces más altas que las pagadas en el otoño pasado. Es, simplemente, la expresión de un divorcio gigantesco entre los que gestionan y el sentir del ciudadano de a pie. Fue un error grave.Hay funcionarios que justifican la suba con argumentos insólitos. Dicen que, si se anualiza el costo del gas promediando lo que se paga en verano con el invierno, la boleta al fin y al cabo no es tan alta.Puede ser, pero esta boleta vence ahora y, además, nadie hace esos cálculos anuales. Otro: como hubo 10 años de precios de remate, ahora hay que pagar por todo lo que no se pagó antes. El gradualismo es una virtud que deben administrar los que gobiernan. Y si no se hizo antes, hay que hacerlo ahora.En ese sentido dio una pista Ernesto Sanz, esa especie de ministro nacional sin chapa, que el martes estuvo en la Bolsa de Comercio. Dijo que el Gobierno se equivocó con el cuadro tarifario planteado y que creía que la Corte se iba "a pronunciar a favor de la recomposición de tarifas, pero de manera gradual". Lógico, pero como Ejecutivo estás más débil.