90% de los presos no completó la escuela

Con la entrada en vigencia, la semana que pasó, de la ley 26.695 que establece la educación obligatoria para los presos de todo el país, la Provincia debería garantizar que todos los reclusos alojados en las siete cárceles provinciales completen sus estudios secundarios. El desafío es grande: es que 9 de cada 10 presos en Córdoba –el 89,3 por ciento– no cuentan con la educación obligatoria completa (82 por ciento a nivel nacional), según datos del Ministerio de Justicia provincial. 3,4 por ciento es analfabeto, 27,3 por ciento no concluyó el primario y 58,6 por ciento no tiene terminado el secundario.De los presos que no completaron los 13 años de educación obligatoria, sólo 43,7 por ciento cursa el primario o el secundario en la cárcel. Es decir, seis de cada diez de ellos están fuera del sistema formal de enseñanza. La cifra representa 39,1 por ciento del total de la población carcelaria (5.824 personas).Desde la Provincia insistieron en que todo interno que desee estudiar tiene garantizado este derecho. En Córdoba existe al menos una escuela, de doble turno, en cada establecimiento penitenciario. Y la matrícula viene creciendo los últimos tiempos.En un año, la cantidad de inscriptos en la primaria y secundaria en las cárceles creció 14 por ciento. Si bien aumentó la cantidad de alojados (de 5.735 a 5.824, a marzo de este año), el crecimiento de la cantidad de alumnos fue mayor: pasó de 1.998 a 2.278. La matrícula en el secundario fue la que más subió: 31,5 por ciento en un año. La primaria, en tanto, ascendió 6,5 por ciento de 2010 a 2011.La nueva ley dice que todos los internos deben completar la escolaridad obligatoria. "El Estado extiende el acceso a la educación. Es un deber, es la misma obligación que para el resto de los ciudadanos, y aunque no se puede hacer cumplir a la fuerza, tampoco es voluntario. Por eso prevé un sistema de incentivos", explicó Ricardo Gil Lavedra, diputado nacional por la UCR e impulsor de la nueva norma junto con Adriana Puiggrós (Frente para la Victoria).Sin embargo, desde Educación insistieron en que "la obligación es relativa" porque, en general, son los alumnos adultos quienes eligen si quieren seguir sus estudios. "Hay que respetar el derecho a elección", planteó la coordinadora de Educación en Contextos de Encierro, Laura Acosta.En algunos casos, no en todos, el juez ordena que curse los tramos de educación que le faltan. "Muchos están obligados por las causas judiciales, a todos se les garantiza el derecho a estudiar. Si no quieren hacerlo pueden optar por talleres o trabajos", explicó. E insistió en que es obligación del Estado brindar el servicio educativo en las cárceles, y que la educación es un derecho del interno y que no se lo puede obligar a estudiar. "Nuestro desafío es tener ofertas tentadoras que incentiven a los internos a incorporarse al sistema", agregó. Estudio y trabajo. En total, 88,7 por ciento de los reclusos participa de algún tipo de actividad educativa formal o no formal. Además de los que cursan el primario o secundario, 188 presos cursan estudios terciarios o universitarios, 290 estudios técnicos y 2.303 realizan actividades en talleres de recreación o capacitación en oficios. Fuentes de Justicia indicaron que los procesados –60 por ciento de los internos– suelen tomar la estadía en prisión como transitoria, con lo cual es difícil convencerlos de entrar al régimen de educación formal.En Córdoba, 236 docentes dan clases en las cárceles con un salario diferenciado. En total, suman 1.350 horas cátedra.El Ministerio de Justicia es el encargado de promover la educación en el servicio penitenciario, y el de Educación tiene la obligación de crear las aulas necesarias. "Ponemos más servicios en la medida que la matrícula lo requiera", explicó Carlos Brene, titular de la Dirección de Educación de Adultos.Sin embargo, no hay proyecciones sobre la cantidad de nuevas aulas que se necesitarían en el caso de que se matricularan todos los internos que no tienen completa su educación obligatoria.Al menos desde la Penitenciaría San Martín, los docentes aseguran que si todos los presos que no completaron la instrucción obligatoria se sumaran a la educación formal, no habría espacio físico suficiente para dar respuesta."En el sentido general que expresan las leyes de educación nacional y provincial, el adulto es quien puede libremente ejercer su derecho a la educación incluyéndose en los espacios educativos que ofrece el sistema formal o puede no ejercer el derecho consagrado en la Constitución Nacional", indicó Brene. Y agregó: "No todas las personas que tienen trayectos educativos incompletos optan por concluirlos".Hasta ahora, la matriculación se produce después de que los reclusos manifiestan al Servicio Penitenciario su voluntad de estudiar. "Todas las personas que desean terminar sus estudios primarios o secundarios hoy están las aulas", asegura Brene.

Qué dice la ley

Derecho. Los internos deberán tener acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades. Todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública.Deber. Todos los internos deben completar la escolaridad obligatoria fijada en la ley. Son deberes de los alumnos estudiar y participar en todas las actividades formativas y complementarias.Prohibición. El acceso a la educación no podrá ser limitado por la situación procesal de los internos, por el tipo de establecimiento, la modalidad de encierro, el nivel de seguridad, las calificaciones de conducta o concepto, entre otros.Notificación. La nueva ley debe ser puesta en conocimiento de todas las personas privadas de libertad.Estímulo. Se fijan pautas para que los plazos del encierro se reduzcan hasta 20 meses a los presos que cursen estudios formales.Acción judicial. Los obstáculos e incumplimientos del acceso a la educación podrán exigirse al juez vía un hábeas corpus correctivo.Plazo. El Ejecutivo tiene un plazo de dos años para crear los espacios y programas de estudios en todos los establecimientos carcelarios.