Denuncian barreras para alumnos con discapacidad

Cinco organizaciones cordobesas que trabajan en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad denunciaron ante entes nacionales y provinciales la inconstitucionalidad de la resolución ministerial 311/16 de Promoción, Acreditación, Certificación y Titulación de Estudiantes con Discapacidad de la provincia de Córdoba, “por violar el derecho a una educación inclusiva para las personas con discapacidad”. Piden la revocación de la normativa al Ministerio de Educación y la intervención de otros organismos para que quede sin efecto.

Fundación Síndrome de Down para su Apoyo e Integración (Fusdai), Fundación Por Igual Más, Por la Inclusión Plena de Alta Gracia, Fundación Unidos por la Inclusión Social (Upis) y la Asociación Villamariense Síndrome de Down (Avisdown), con el apoyo de Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva –una coalición de 170 organizaciones de la sociedad civil argentina–, solicitaron ayer a Educación que dejara sin efecto la norma, vigente desde abril de 2016, que determina, entre otras cosas, que los alumnos del secundario con discapacidad pueden ser integrados en las escuelas comunes, aunque siguiendo con la currícula de las escuelas especiales.

Según esta reglamentación, los padres deben firmar un acuerdo con las escuelas y escoger qué tipo de cursado desean. Las opciones son: ninguna adaptación curricular, integración en la escuela común con la currícula de la modalidad especial o el cursado en algunos espacios en la escuela común y otros, en la especial.

Las organizaciones recuerdan que, en diciembre de 2016, el Consejo Federal de Educación aprobó una resolución nacional –con el mismo número y nombre que la provincial– con un planteo más inclusivo. Sin embargo, Córdoba mantiene una más restrictiva.

La secretaria de Educación, Delia Provinciali, anunció que se ha iniciado el trámite para ajustar la normativa provincial con la nacional. Hasta que esto ocurra, la 311/16 de Córdoba sigue vigente.

Además del pedido de revocación en Educación, las instituciones presentaron reclamos en el Inadi, en el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos y en la Fiscalía del Estado.

Los denunciantes aseguran que la resolución promueve la “segregación educativa al orientar la trayectoria escolar obligatoria a escuelas especiales y/o a planes de estudio de la escuela especial e impedir el acceso al título secundario”.

Desde la Provincia indican, por el contrario, que en los últimos años hubo grandes avances en la inclusión de chicos con discapacidad en escuelas comunes. Según datos oficiales, en 2014, 1.956 alumnos estaban incluidos y, en 2018, la cifra trepó a 3.753. Además, hace cinco años había 121 maestras de acompañamiento a los procesos de inclusión, y hoy son 370.

María Eugenia Yadarola, presidenta de Fusdai, explica que la resolución plantea diversas opciones “inconstitucionales y discriminatorias” para los estudiantes con discapacidad.

Una es que el alumno siga una currícula especial separada y diferente dentro de la escuela común.

“En Fusdai hace 28 años que trabajamos en inclusión educativa y hemos constatado que todo adolescente es capaz de apropiarse de los contenidos curriculares comunes si existe la posibilidad de ajustar esos contenidos a sus posibilidades”, remarca Yadarola.

Por su parte, Provinciali sostiene que el espíritu de la norma es que, en situaciones especiales, si el joven no logra las exigencias del plan de estudio común pero desea permanecer en la institución, pueda optar por el de la escuela especial.

Otra opción que surge de la normativa es que el alumno curse algunos tramos en la escuela común y otros en la especial.

“Ningún adolescente podría vivir como natural y como facilitadora la opción de ir a dos escuelas. Todo lo contrario, genera una exclusión de la escuela y del aula y también en sus relaciones sociales”, insiste Yadarola.

Provinciali remarca que se busca que los estudiantes realicen el trayecto de formación laboral en la escuela especial, aun si cursan en una común. “No tiene que ver con discriminación, sino con ampliar los potenciales de un chico ofreciendo en las escuelas especiales una alternativa para adquirir habilidades y lograr un desempeño más autónomo”, sostiene.

La tercera opción es cursar en la escuela común con adaptaciones curriculares, pero, en este caso, el joven no obtendrá su título secundario con validez nacional, sino una certificación provincial.

“Nos tiene preocupados. Tenemos la demanda de muchos padres angustiados que se sienten sin respaldo, sin tener un abogado que ayude en estas demandas”, concluye Yadarola.

Matriculación como derecho. Está prohibido rechazar la inscripción de un estudiante por motivos de discapacidad.

Sin currícula paralela. Los proyectos pedagógicos individuales (PPI) se elaboran en función de las necesidades del alumno.

Pasaje de nivel. Se realiza igual que para el resto de los estudiantes.

Certificación. El alumno será evaluado de acuerdo con su PPI. Recibirá certificado en igualdad de condiciones que los demás. Tiene validez nacional.