Deberán mostrar que pueden

Ya no hay marcha atrás ni plazos de gracia: el Poder Judicial ya no intervendrá como lo hacía ante casos de vulneración de los derechos de los niños; ahora lo hará el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Es justo aclarar que no fue un capricho del Ejecutivo arrogarse para sí esos casos, sino que cumplió una norma nacional, la 26.061, que se sancionó hace ya casi seis años. En junio de 2008, un año después de que Córdoba adhiriera por ley a esa norma, este diario publicó que el Ejecutivo aún no estaba preparado para cumplir las nuevas funciones y hacerse cargo de los problemas sociales de la infancia.Pasaron tres años desde entonces. Hubo avances, pero las dudas aún son muchas: no sólo las provenientes del Poder Judicial, en cuanto a que ahora los niños no tendrían derecho a acudir a la Justicia en caso de que la Senaf aplique medidas arbitrarias o directamente omita intervenir. También están las dudas que generan la insuficiencia de recursos humanos y materiales de la Senaf, el poco personal en el interior provincial, los empleados elegidos por contactos y no por su idoneidad (sin concurso, como sí tiene el Poder Judicial), los egresos "a mansalva" y con poco seguimiento de chicos por años institucionalizados, entre otras muchas. Ni hablar de que el Ejecutivo es un órgano que depende más de la voluntad política de turno, por lo que futuras gestiones podrían desechar los avances ya realizados en temas de infancia. Así, a partir de la ley que entró en vigencia ayer, la Senaf quedó bajo la lupa de los cordobeses –y de otras provincias que aún no se adaptaron a la ley nacional. Ahora tendrá que demostrar que está a la altura de las circunstancias.