Cuando los avances no son suficientes

La Justicia no puede dar respuesta a todos los problemas sociales, es verdad. También lo es que en Córdoba se han hecho enormes avances en los últimos ocho años con respecto a la violencia familiar, incluso mucho más que en la mayoría de las provincias argentinas.

Juzgados, unidades judiciales y fiscalías específicas, centros de atención, protocolos de actuación, líneas gratuitas, capacitaciones al personal judicial y policial son sólo algunos de los espacios y servicios que se crearon desde que se sancionó en marzo de 2006 la Ley Provincial de Violencia Familiar (9.283).

Cada uno de esos avances es la prueba de que la violencia contra las mujeres no es sólo un eslogan de grupos feministas sino una realidad a la que hay que hacerle frente con políticas públicas si el objetivo es vivir en una sociedad que respete los derechos humanos.

Pero cuando aparecen casos como el de Andrea Porta es difícil entender cómo ninguno de esos dispositivos pudo frenar la muerte de una joven y madre mujer a pesar de tantos indicios y avisos que tuvo el Estado. Ya hace cinco años, en 2008, se intervino por primera vez.

No sólo hubo intervenciones psicológicas, denuncias y restricciones del hogar. Basta ver la impunidad con la que un integrante del Ejército Argentino hostigaba ante los ojos del mundo –vía Facebook– a quien luego asesinó.

Aunque salvando las distancias con los totalitarismos que describía, la filósofa alemana Hannah Arendt decía que las lógicas de la burocracia diluían responsabilidades: hay tantos pasos y tantos agentes estatales involucrados que nadie es responsable del todo cuando se da un mal resultado. Los burócratas pueden justificarse diciendo que en realidad cumplieron con la parte del procedimiento que les tocaba. Tal vez, Andrea no fue víctima sólo de su expareja.