Emergencia en Córdoba. Por la crisis, 30% de choferes dejaron de transportar a personas con discapacidad

Durante casi dos años Facundo Almada prestó el servicio de traslado de pacientes bajo tratamiento crónico. Sin embargo en junio del año pasado debió dejar la actividad: "Se me hizo insostenible".

Su historia es solo una de casi un centenar de choferes cordobeses que abandonaron ese trabajo en el último año por la grave crisis que afronta el sector. Otros, aún con mucha dificultad, intentan superar este colapso histórico.

Según datos de la Asociación Colectivo 3 de diciembre, que nuclea a 230 transportistas para personas con discapacidad de distintos puntos de la provincia, un 30% dejó la actividad y los que aún resisten viven al día.

"Nunca vivimos una situación así. La actividad se está cayendo a pedazos, esto nos afecta gravemente y sobre todo a las personas con discapacidad y sus familias", expresó Leandro Ator, presidente de la entidad.

Con el lema "Basta de crueldad" convocaron a una protesta para este viernes a las 10 en el Parque Sarmiento (Calle Deodoro Roca casi Plaza España).

Todos los días recibimos pedidos de familias desesperadas que buscan transporte. Incluso desde hace un año", sumó Ator, al frente de la asociación que representa a más del 75% de los transportistas activos de la provincia.

"Los transportistas para personas con discapacidad atravesamos una crisis sin precedentes que nos excede y nos obliga, cada vez más, a abandonar la actividad. La combinación de aranceles insuficientes, pagos con demoras superiores a los 90 días, el aumento constante del combustible y los costos operativos hacen inviable sostener un servicio esencial, dejando a miles de personas con discapacidad sin acceso a este derecho", expresaron.

Jorgelina Gauna es socia de la entidad y realiza viajes en la zona de Traslasierra. "Ya hay personas que se están quedando sin traslados", advirtió.

La transportista contó que el principal desafío tiene que ver con las distancias, la dispersión geográfica y la falta de alternativas reales de acceso. Muchas personas con discapacidad viven en parajes o localidades alejadas, donde no existe transporte público adaptado y donde cada traslado implica recorrer grandes kilómetros por día para poder sostener un tratamiento. "El traslado deja de ser solo algo logístico y pasa a ser una condición básica de accesibilidad", argumentó.

En este contexto, según explicó Gauna, los costos de combustible, mantenimiento, seguros y repuestos aumentaron de manera fuertemente, mientras que los valores que se reconocen por los traslados quedaron completamente atrasados. "En ese sentido, el mayor desafío termina siendo sostener un sistema que es indispensable para garantizar derechos, pero que hoy se mantiene más por compromiso humano que por condiciones reales de sustentabilidad".

Almada expresó que se había encariñado con los niños con discapacidad que trasladaba a sus terapias y sus familias pero que hubo un momento que no pudo ni siquiera afrontar el costo de una neumático pinchado.

"Nosotros nos comprometemos en ofrecer un servicio seguro y profesional y este abandono y retraso no nos dejó otra alternativa", mencionó el transportista. Hoy maneja un camión de logística con el solo fin de tener un ingreso mínimo por mes.

Desde la asociación entienden que no se trata de una falta de recursos, sino de una decisión política que es parte de un modelo de país donde el ajuste, el abandono y la crueldad operan como mecanismos para desmantelar, poco a poco, un sistema que garantiza el acceso a derechos de miles de personas con discapacidad a lo largo y ancho del país, independientemente de su situación económica.

"A pesar de contar con la aprobación de la Ley de Emergencia, el Gobierno Nacional continúa sin ejecutarla, profundizando una crisis que pone en riesgo derechos básicos de las personas con discapacidad. El Gobierno Nacional no puede seguir incumpliendo la ley sin consecuencias", agregaron.

Ator contó que incluso la entidad debió utilizar fondos propios para pagar honorarios de abogados de algunos socios para que no les quiten los vehículos por el atraso del pago de las cuotas.

"Además la mayoría de los trabajadores debieron resentir el servicio y contrajeron deudas. La única esperanza es que el Estado cumpla con el fallo del juez Vaca Narvaja que obliga a regularizar los pagos", sostuvo Ator.

Además del servicio de transporte, Gauna es referente de la Fundación Ramseyer con sede en la localidad de La Paz. Allí funciona un centro educativo terapéutico. "Cuando lo armamos entendimos que no alcanzaba con que exista la institución si las personas no podían llegar hasta ella".

"De esa manera apareció con claridad una realidad que suele quedar invisibilizada: había proyectos, profesionales y dispositivos de acompañamiento disponibles, pero la cadena de accesibilidad se rompía antes. Se rompía en el camino", expresó.

Por eso desde la fundación empezaron a sostener el transporte como parte de ese andamiaje indispensable que permite que los derechos puedan ejercerse de verdad. En la actualidad trasladan a 25 y al equipo terapéutico.

"En discapacidad los traslados no son simplemente una cuestión accesoria. Muchas personas necesitan apoyos específicos, tiempos distintos, acompañamiento permanente o condiciones particulares para poder trasladarse de manera segura y adecuada. Eso requiere vehículos preparados, personal capacitado y una enorme organización cotidiana", concluyó.