Billetera secreta

Juan Schiaretti llegará al final de su mandato como gobernador en 2011 habiendo respetado una de las más folklóricas tradiciones de los mandatarios provinciales: habrá gastado a manos llenas millones de pesos de los contribuyentes bajo el difuso concepto de gastos reservados, sin rendir cuentas por ello. Un cálculo conservador indica que, a lo largo de sus cuatro años, la administración schiarettista gastará alrededor de 19 millones de pesos de fondos reservados. Desde que asumió, hasta mediados de este mes, el gobernador lleva empleados 13.547.000 pesos, a lo que habrá que sumar los gastos que se hagan hasta fin de este año y los 5.331.000 pesos incluidos en el presupuesto 2011.Si bien Schiaretti es el primero de los gobernadores de la democracia que no maneja de modo personal fondos reservados, ya que por ley ahora quedan a cargo del ministro de Gobierno, su administración no quiso prescindir de la existencia de esta cuestionada partida de dinero, argumentando razones de seguridad pública. No existe el control. Los gastos reservados son fondos que usa el gobierno de turno de manera discrecional para fines nunca bien conocidos. Para poner un ejemplo extremo: si la persona encargada de manejarlos los usara en forma irregular para fines personales, como la compra de un yate o para darse lujos, hoy la provincia de Córdoba no tiene ninguna instancia de control dedicada a evitar ese tipo de situaciones. Esto sucede por varios motivos. En primer lugar, aunque la partida específica de la Ley de Presupuesto los menciona como gastos reservados, en los hechos son gastos secretos. Nadie más que el gobernador y su ministro de Gobierno tienen la información completa sobre para qué y cómo se usa esta millonaria billetera. Por ejemplo, nunca, en estos 27 años de gobiernos democráticos, se entregó una rendición de estos gastos a la Legislatura.El órgano de control contable por excelencia, el Tribunal de Cuentas de la Provincia, simula todos los años un control que en realidad no ejecuta: el Poder Ejecutivo jamás le entrega el detalle (esto es: facturas, recibos, rendiciones detalladas, expedientes) de cómo se usaron los gastos reservados. Simplemente le envía un informe en el que le dice que ejecutó la partida presupuestaria. Y los distintos tribunales de Cuentas, donde el oficialismo siempre tiene mayoría, nunca han dejado de aprobar esos gastos secretos, amparándose en la ley de ejecución presupuestaria que dice que cada gobierno puede disponer de fondos reservados. Otras ficciones. Jorge Luis Borges decía que la metafísica era una rama de la ciencia ficción, y eso que no conocía cómo se elaboran hoy los presupuestos del Estado; si no, seguramente los incorporaba a la categoría. En Córdoba, una crítica constante de la oposición es que las partidas presupuestarias se reasignan con destreza atlética. Esto es, que fondos que fueron aprobados legislativamente para un uso específico, luego terminan usándose para otra cosa, a gusto y necesidad del funcionario de turno. Extracciones prolijas. Con los gastos reservados ocurre que la cifra presupuestada, al no conocerse en qué se usarán esos dineros, acaba siendo también una ficción. Esto se patentiza cuando se ven los montos que va extrayendo el gobierno de la partida de gastos reservados. Por ejemplo, en lo que va de 2010 el gobierno abrió siete expedientes para retirar dineros por estos montos: enero, 590 mil; febrero, 830 mil; mayo, 720 mil; junio, 710 mil; agosto, 790 mil; octubre, 640 mil; noviembre 780 mil pesos. En promedio, son más de 460 mil pesos por mes y siempre son cifras redondas. ¿Qué clase de gasto tan perfectamente exacto y periódico necesita estas partidas? Y siempre, cuando se acerca fin de año, si quedaban fondos de la partida sin usar, llegan pedidos de último momento que terminan extrayendo hasta los últimos pesos de la cuenta. Una exactitud de cálculo envidiable.Numerosos legisladores, constitucionalistas y contadores han coincidido en afirmar en los últimos años que no existe motivo alguno para que los gastos reservados sean secretos y no atraviesen algún tipo de control. No se cuestiona que un gobierno pueda tener urgencias o motivos imprevistos para necesitar una partida extraordinaria de dinero y, al menos en ese momento, no dar a conocer la finalidad. Puede necesitar pagar a informantes de identidad reservada en casos policiales complicados, realizar la compra de nueva tecnología, etcétera. En palabras del ministro de Gobierno Carlos Caserio, se usan para "resguardar la seguridad de la población" (ver página 3).Pero es difícil entender por qué un gobierno republicano y que debe hacer un credo de la transparencia administrativa gasta millones sin rendir cuentas. No existe ninguna ley que diga que los gastos reservados no deben ser rendidos. Uno de los más enfáticos en este sentido ha sido el actual vocal de la oposición en el Tribunal de Cuentas, el juecista José Medina, que se ha negó a visar todas las ejecuciones de gastos reservados que informa el Ministerio de Gobierno. "El uso oculto de dinero público a título de gasto reservado carece en absoluto de razones o motivos que lo justifiquen. Ninguna actividad del Estado puede encubrirse porque las leyes son siempre públicas". Medina agregó que "dejar dinero público que no esté sujeto a control ni a rendición de cuentas repugna a cualquier república".No lo ve así el presidente del Tribunal de Cuentas, Eduardo Barrionuevo, quien dice que su dependencia "no puede revisar cómo se gastó ese dinero". "A nosotros simplemente nos llega el decreto que habilita el gasto y con posterioridad verificamos que efectivamente el gasto se ciñe a la partida presupuestaria correspondiente. No podemos revisar en qué se gastó; revisamos sólo que el ministro haya hecho el gasto", argumenta. –¿Qué pasa si un ministro se compra un yate con esos millones? –Nosotros hacemos un control formal; verificamos que la plata se ha gastado. El gasto reservado es el único que no se rinde. Ése es el espíritu: que no rinde cuentas. Vamos por más. Pese a que la ley de ejecución presupuestaria dice que también el presidente del Tribunal Superior y el jefe de Policía pueden disponer de gastos reservados, hoy ninguno de los dos goza de partidas presupuestarias con ese fin. La vocal del tribunal María Blanc de Arabel señaló que nunca ha usado fondos reservados y desde la Jefatura de Policía derivaron la consulta al ministro Caserio. La legisladora radical Ana Dressino lleva años haciendo un seguimiento del problema de estos fondos. "Es una mentira que son gastos reservados; son gastos secretos y no puede ser que no se rindan. En un proyecto que vengo presentando hace ya cinco o seis años, sostengo que debe constituirse un espacio en la Legislatura que revise de manera discreta esos gastos. Si el Estado necesita que el motivo del gasto no se haga público por razones de seguridad, debe fijarse un plazo de algunos años a partir de los cuales la ciudadanía sí conozca qué se hizo con esa plata".Otro aspecto preocupante es la desjerarquización en el control de estos gastos: antes decidía sobre ellos el gobernador, a través de un decreto. Luego, lo empezó a hacer el ministro del área con una resolución. Ahora se llegó al extremo de que un director ejecuta las decisiones, quizá luego de un simple telefonazo de un superior, sobre el uso de esta millonaria partida.Los 5.331.000 pesos de gastos reservados que el Gobierno pretende usar el año que viene están incluidos en el proyecto de Presupuesto 2011 puesto a consideración de la Legislatura. Nadie espera que la iniciativa tenga algún tropiezo en su aprobación.