Seguridad. Con más armas en tenencia irregular que en regla, apuntan al blanqueo antes que a insistir con el desarme civil

La situación de las armas de fuego en Argentina atraviesa un momento de profunda reconfiguración técnica y administrativa. Según datos del Registro Nacional de Armas (Renar), el universo de usuarios legítimos se divide hoy entre quienes mantienen sus papeles al día y una masa crítica que cayó en la irregularidad.

De los 750.000 usuarios registrados en todo el país, solo 360.000 poseen su credencial vigente, lo que deja a más de 400.000 personas en una situación de vencimiento administrativo.

Este escenario se da en un contexto donde la accesibilidad mutó hacia lo digital. El sistema denominado "Tenencia express" permitió que el blanqueo de armas crezca un 20% desde 2023, agilizando trámites que antes eran puramente burocráticos.

Sin embargo, esta agilidad formal convive con una realidad compleja en las calles, especialmente en provincias como Córdoba, donde el control del armamento circulante se declara como una prioridad de la gestión de seguridad provincial.

En la provincia de Córdoba, los indicadores de seguridad muestran una tendencia dual. Durante el año 2025, se registró la tasa de homicidios más baja de los últimos 25 años, situándose en 2,28 casos cada 100.000 habitantes.

No obstante, el arma de fuego sigue siendo el principal agente letal. De los 90 homicidios dolosos ocurridos en ese periodo, el 47% fue cometido con este tipo de armamento, superando ampliamente a las armas blancas (23%) y a los objetos contundentes (6%).

El impacto no se limita solo a las víctimas fatales. El Ministerio de Seguridad de Córdoba, a cargo de Juan Pablo Quinteros, constituyó en 2025 un registro específico de heridos por arma de fuego para identificar perfiles y circunstancias.

Los datos son contundentes: se contabilizaron 682 heridos en un año. El 80% de estas víctimas son menores de 40 años y el 70% de los hechos se produjeron en contextos de violencia urbana, mientras que solo el 26% se vinculó a ocasiones de robo.

El ministro plantea que la reducción de armas en circulación debe ser entendida como una política central de prevención y no como una discusión ideológica. “Cada conflicto cotidiano escala de otra manera cuando hay un arma en el medio”, dijo a La Voz, al sostener que la presencia de armamento en ámbitos civiles incrementa los niveles de violencia.

El funcionario respaldó su postura con los datos oficiales, antes mencionados. En ese contexto, Quinteros remarcó la necesidad de desalentar la tenencia de armas en la vida cotidiana y fortalecer las políticas de retiro voluntario.

Señaló que muchas de las armas que hoy circulan en la sociedad terminan involucradas en conflictos intrafamiliares o en hechos delictivos, lo que refuerza la idea de que su presencia no es inocua.

“El objetivo es sacar armas de circulación antes de que generen una tragedia”, afirmó. Para el ministro, el rol del Estado debe orientarse a reducir la disponibilidad de armamento, mejorar los mecanismos de control y promover una cultura de desarme como eje de la seguridad pública.

Frente a este stock de armas sin papeles al día que circulan en el país, existe un proyecto técnico que busca establecer un puente hacia la legalidad. La propuesta legislativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde octubre de 2024, propone un régimen de regularización excepcional por 360 días.

El objetivo es que las personas humanas que posean armas de "uso civil" o "uso civil condicional" sin registrar, o con registros irregulares, se presenten ante la ex Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), ahora Renar.

El proyecto contempla que, una vez realizadas las verificaciones técnicas y registrales, los datos del material y del poseedor se asienten en el Banco Nacional Informatizado de Datos.

Un punto técnico central es la amnistía penal: el Artículo 3° del dictamen de mayoría establece que los ciudadanos que se presenten voluntariamente quedarán exentos de sanciones por tenencia ilegal, siempre que no tengan imputaciones judiciales previas por ese motivo. Esta medida busca sacar de la clandestinidad administrativa a miles de armas que hoy el Estado no puede rastrear.

Carlos Castillo, perito judicial en seguridad, adviertió en diàlogo con La Voz que la trazabilidad es el "punto ciego" del sistema actual. Según el experto, no siempre se logra reconstruir con éxito el recorrido que hace un arma desde el mercado legal (donde fue fabricada o importada con registro) hasta el mercado ilegal.

Castillo identifica fallas históricas en el control de los "depósitos policiales y judiciales", los cuales suelen ser focos de desvío de armamento hacia el circuito negro.

Para el especialista, el sistema de control territorial es desigual. Mientras que en centros urbanos como el Amba o la ciudad de Córdoba hay mayor oferta de polígonos y centros psicofísicos, en el interior del país los controles suelen ser más laxos.

Castillo enfatiza que el examen psicofísico actual funciona como un filtro inicial necesario, pero que carece de una capacidad real para realizar una evaluación de riesgo continuo sobre el usuario.

La percepción sobre el uso de armas también varía según la geografía. Daniel Abaca, exjefe del Grupo Halcón con más de tres décadas de experiencia, señala que en el interior del país la presencia de armas está muy ligada a la cultura de la caza y el ámbito rural.

"En el campo a veces no se inscriben las armas ni se controlan tanto como acá", explicó Abaca a La Voz, subrayando que muchas piezas pasan de generación en generación sin pasar por los registros oficiales.

Abaca introduce un factor de riesgo moderno: el impacto de las redes sociales y la tecnología en los jóvenes. "Antes no había redes sociales; ahora en el teléfono uno tiene todo, podés mirar una película y después hacer un desastre", afirmó el especialista en armamento.

Según su visión, la facilidad de acceso a información visual sobre el manejo de armas, sumada a la falta de control parental, multiplica el riesgo de tragedias en ámbitos civiles y escolares.

Uno de los mayores riesgos asociados a la tenencia legal es la negligencia en la custodia del material. Castillo señala que, aunque la normativa es clara respecto a que el arma debe estar descargada, bajo llave y separada de la munición, la realidad en los hogares es distinta. "Hay un porcentaje importante de hogares donde el arma está accesible, en mesas de luz o roperos", advierte el perito.

En casas con adolescentes, el peligro se incrementa debido a que estos suelen conocer la ubicación del armamento. Las estadísticas de incidentes por manipulación accidental o "juego" con armas refuerzan la idea de que la brecha entre el cumplimiento formal y el cumplimiento real de las normas de seguridad es amplia.

Para los expertos, la falta de una cultura de riesgo sólida convierte también a las armas registradas en una amenaza latente para el propio grupo familiar o hasta incluso extrafamiliar, marcado por un contexto de violencia urbana que está en aumento.

El volumen de la violencia armada en Argentina se sustenta mayoritariamente en el mercado ilegal. Este circuito se alimenta de tres vías principales: armas robadas a legítimos usuarios, material desviado de fuerzas de seguridad y armas viejas que nunca ingresaron al sistema registral.

Castillo destaca que el mercado legal se convierte en un "proveedor involuntario" del crimen organizado cuando fallan las medidas de seguridad individuales.

En Córdoba, los operativos interfuerzas son la herramienta principal para drenar este mercado. Durante el año 2025 se realizaron 276 operativos en toda la provincia, involucrando a la Policía de Córdoba, Gendarmería y Policía Federal.

Como resultado de estas y otras acciones, se secuestraron 9.745 armas de fuego entre 2024 y principios de 2026: 4.572 en el primer año, 4.403 en el segundo y 770 en lo que va del corriente. Cifra que asciende a las poco más de 8 armas por día que son sacadas de las calles de Córdoba.

La transición de la Anmac nuevamente hacia la estructura del Renar trajo cambios en las políticas de acceso. El sistema "Tenencia express" simplificó la obtención de la Credencial de Legítimo Usuario (CLU) mediante la digitalización de pasos como los antecedentes penales y la idoneidad.

No obstante, los requisitos base se mantienen: ser mayor de 18 años, acreditar medios lícitos de vida y superar los exámenes psicofísicos.

Una de las modificaciones más discutidas fue la habilitación para registrar fusiles semiautomáticos, aunque exclusivamente para fines de caza o tiro deportivo, no para autoprotección.

Desde organizaciones como la Red Argentina para el Desarme (RAD), se criticó fuertemente esta medida y la reducción de la edad mínima de acceso (que pasó de 21 a 18 años), argumentando que esto aumenta la disponibilidad de material de alto poder en manos civiles.

Para el ciudadano que busca regularizar su situación, es vital entender que la ley argentina separa estrictamente dos conceptos. La tenencia es la autorización para poseer el arma, guardarla en un domicilio declarado y transportarla descargada hacia lugares de uso lícito, como polígonos. Es la condición bajo la cual operan casi todos los legítimos usuarios del país.

Por el contrario, la portación es la autorización excepcional para llevar el arma cargada y lista para su uso inmediato en la vía pública.

Según Castillo, los criterios para otorgar portaciones a civiles son extremadamente restrictivos y discretos, reservándose para casos de riesgo específico comprobado o funciones de seguridad determinadas. El proyecto de ley busca que los ciudadanos opten por la tenencia legal y controlada como alternativa al desarme.

Como contrapartida a la regularización, Argentina cuenta con una gran trayectoria en planes de desarme. El Programa Nacional de Entrega Voluntaria (Pevaf), vigente desde 2007, permitió retirar de circulación más de 200.000 armas mediante la entrega anónima a cambio de un incentivo económico. Entre 2017 y 2023, el programa recolectó 8.216 armas y casi 800.000 municiones en todo el país.

A pesar de su éxito histórico, el programa venció a finales de 2024 y no fue renovado por esta gestión. La iniciativa legislativa actual propone su prórroga, entendiendo que el desarme voluntario es una herramienta fundamental para reducir el stock de "armas viejas" en hogares que ya no desean tenerlas.

De esta manera se estaría evitando así que terminen en el mercado negro tras un robo. Especialistas como Castillo subrayan que reactivar este esquema es clave para disminuir la violencia en el mediano plazo.

Por su parte y en contrapartida, Abaca manifiesta que son planes sin mucho éxito, ya que un arma, "se paga mejor en el mercado negro que lo que paga o pagaba el Estado".

La preocupación por el acceso de menores a las armas cobró una nueva dimensión tras la tragedia en San Cristóbal, Santa Fe, donde un estudiante de 15 años ingresó a su escuela con un arma y disparó contra sus compañeros, causando una muerte. Este hecho fue calificado por la RAD como el primer incidente letal de este tipo en una escuela argentina desde la masacre de Carmen de Patagones en 2004.

Este tipo de sucesos pone en relieve la importancia de la prevención activa. La RAD exige que el Estado retome campañas de concientización dirigidas a jóvenes y que se revisen las medidas de flexibilización. Advierten que la disponibilidad de un arma en un contexto de crisis emocional o conflicto interpersonal convierte una situación manejable en una tragedia potencial.

El proyecto de regularización técnica recibió un amplio respaldo de los legisladores cordobeses durante su votación en Diputados el año pasado. Quienes eran representantes de ese cuerpo de diversos bloques como Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Belén Avico (PRO), Héctor Baldassi (PRO), Gabriela Brouwer de Koning (UCR), Soledad Carrizo (UCR) y Rodrigo de Loredo (UCR) votaron a favor de la medida.

La normativa propuesta también otorga a la ex Anmac la facultad de realizar campañas masivas de difusión para informar sobre los alcances de la ley y los peligros de la tenencia.

Asimismo, el texto sugiere que, si durante el proceso de regularización se encuentran "impedimentos registrales o técnicos graves", se instarán los procedimientos necesarios para que el Estado se haga del material involucrado, garantizando así que armas defectuosas o de origen ilícito salgan de circulación.