Aprueban una guía para evitar la excesiva judicialización de muertes
El TSJ aprobó un protocolo para que la Policía Judicial intervenga sólo en los casos de estricta necesidad. Rige desde el 1º de octubre. Un policía deberá ir al lugar donde está el cadáver e intentar determinar la posible causa del deceso.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobó el protocolo de actuación para el tratamiento de cadáveres en la vía pública, lo cual agiliza la intervención de la Policía Judicial, evita la excesiva judicialización de esas muertes y ahorra disgustos a los familiares que durante horas aguardaban la entrega del cuerpo de su ser querido. La nueva modalidad entrará en vigencia desde el 1º de octubre próximo, pero es similar a lo que se viene implementando desde fines de abril, cuando el Poder Judicial se reunió con el Ejecutivo para solucionar el engorroso problema de los fallecidos que quedaban en la calle, generaban una excesiva intervención del equipo científico que se distraía de sus funciones específicas y hacía ingresar a gran cantidad de cadáveres a la maquinaria judicial.A mediados de abril, este diario publicó un informe en el que se describían los problemas generados a quienes aguardan durante horas, a veces innecesariamente, el traslado de un familiar que falleció en la vía pública. Allí se informaba que el 58 por ciento de las autopsias realizadas durante 2011 se trataron de muertes por causas naturales.A raíz de esto, la Fiscalía General, el TSJ y los ministerios de Salud, Seguridad y Justicia elaboraron un sistema de comunicación y abordaje a modo de anticipo de lo que se pondrá en vigencia en unos días, el "protocolo de actuación".Según lo aprobado ahora por el TSJ, ese protocolo determina que un policía deberá ir a donde yace el cadáver y él intentará determinar si se trata de una muerte violenta (un homicidio, un suicidio o un accidente laboral, doméstico o de tránsito), un deceso sospechoso de criminalidad o un óbito que no aparenta ser ni violento ni crimen. Alternativas. Si esto último es lo que sucede –presunción de muerte natural– el agente de seguridad tratará de que el médico habitual firme el certificado de defunción. Si eso no es posible, el uniformado brindará datos al Centro de Comunicaciones Policiales para la intervención de un equipo de Salud. Pero si hay indicios o sospecha de que la muerte sea violenta o se trate de un crimen, el policía de consigna debe comunicar los datos para la posterior intervención de la Fiscalía y de la Policía Judicial. Una vez que llega el médico de esta última dependencia, este profesional puede determinar que se trata de una muerte natural y firmar el acta de defunción, salvo que asista el médico tratante.Del otro modo, el cadáver es llevado a la morgue para iniciar la investigación penal de lo que hasta el momento se supone es una muerte violenta o sospechosa de criminalidad.También existe la posibilidad de que la Policía Judicial sea convocada a un hospital, donde actuará con el mismo criterio.De esta forma, se solucionan los malentendidos y las "zonas grises" que en su momento terminaron por hacer autopsias innecesarias, con las consecuencias ya mencionadas.
Antecedentes
Espera. El 5 de abril un hombre falleció en Juan B. Justo y Japón. Sus familiares esperaron cuatro horas hasta que llegó un equipo legal.
Medidas. Días más tarde, la Fiscalía General emitió una directiva que establecía un sistema de comunicación para evitar dilaciones en el tratamiento de los cadáveres.
Protocolo. Desde el 1º de octubre regirá el protocolo de actuación con un preciso esquema de situaciones que evita malentendidos y agiliza la intervención.
