Apoyo a la ley antidroga, aun con críticas
La aprobación fue unánime, aunque hubo cuestionamientos respecto de los alcances de la norma. Crearán fueros provinciales para investigar casos de venta y distribución.
Con muchos de los cambios introducidos por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y también con algunas críticas por no poner el acento en la prevención, se aprobó anoche la adhesión de Córdoba a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737, que amplía a la Justicia provincial la competencia para investigar, perseguir y juzgar la venta y distribución de drogas; que hasta ahora sólo se realizaba en la Justicia Federal. El despacho final incluyó casi todos los puntos que había reclamado el TSJ, como tiempo para la capacitación del personal y un compromiso para financiar el nuevo fuero antidroga con recursos provinciales, si es que la Nación no lo hace.El sistema comenzaría a regir a partir del primero de diciembre.Sus principales puntos son: Estructura. Habrá tres Fiscalías de Instrucción en Capital y un Juzgado de Control que se dedicarán a estos delitos. En el interior, el TSJ podrá crear secretarías "móviles" en cada cabecera. Financiamiento. La Provincia transferirá recursos propios, pese a que la ley nacional 23.737 –la que contempla la provincialización de la lucha contra la venta minorista– dispone que haya fondos nacionales. Ocurre que en la experiencia de la provincia de Buenos Aires, la única que antecede a Córdoba en esta política, no llegan los recursos nacionales. Precursores. Se le otorga más fortaleza y poder de policía al Ministerio de Salud para controlar a droguerías y farmacias. Destrucción. El procedimiento para la destrucción de estupefacientes y otros materiales del narcotráfico queda en manos del Poder Judicial, que definiría los sistemas y formas. Además, las multas y beneficios económicos derivados de los bienes decomisados se usarán para financiar el sistema. El 30 por ciento se destinará a la asistencia a las víctimas. Con reservas. La mayoría de los bloques presentes ayer en la Legislatura dio su voto positivo, aunque muchos de ellos lo hicieron con críticas. El oficialista Juan Manuel Cid fue el primer orador y destacó que el proyecto "abarca no solamente la federalización de la lucha contra el narcotráfico, sino también darles competencia a los juzgados provinciales, sobre todo en los casos de tenencia y distribución para consumo y venta de medicamentos sin receta", sostuvo Cid (de todas maneras, los juzgados federales se encargarán de las causas más importantes relacionadas con la organización de distribuidores y carteles de droga).Para el legislador del Frente Cívico Roberto Birri, en cambio, esto significa desfederalizar y fragmentar la lucha contra el narcotráfico. "Creemos que este tipo de delitos complejos, móviles y que abarcan a todo el país deben ser asumidos de manera centralizada y con una unidad de criterios", señaló. Sin embargo, el Frente Cívico votó a favor de la ley.La Unión Cívica Radical (UCR) también acompañó la medida, aunque con observaciones: "La oposición debe hacer hincapié en el tema de los fondos. En Buenos Aires hace siete años que hicieron lo mismo y nunca llegaron los fondos de la Nación. La Provincia debe asegurarlos, porque sin eso la ley no va a funcionar", indicó el jefe del bloque, Luis Brouwer de Koning. Otras críticas giraron en torno de la falta de incorporación de nuevos asesores letrados para la defensa de los imputados que, según señaló Brouwer de Koning, suelen ser personas de bajos recursos, que no tienen abogados particulares. También señaló la falta de protección para los adictos.
Por su parte, el también radical Rodrigo de Loredo resaltó la modificación del artículo nueve, que facultaba a la Policía a requisar vehículos que transitan por las rutas. “Hubiera podido violar derechos constitucionales a la privacidad y a la propiedad privada”, contó De Loredo. El bloque de la UCR logró que se incorpore a este artículo un fragmento que señala “la necesidad de que haya un indicio o presunción suficiente” para hacer la requisa.
Algunos cuestionamientos
Defensoría. No hay un punto específico respecto de si habrá nuevas asesorías letradas para quienes no puedan pagar abogados. De todos modos, el oficialismo cree que debe ser el TSJ el que disponga cómo se estructurará el sistema para dar esta respuesta.
Riesgo. Como hasta ahora, dado que hay poca presencia de la Policía Federal en Córdoba, seguirá siendo la Policía Provincial la encargada de las investigaciones policiales, coordinadas por la Justicia Federal y la Provincial. Un riesgo que advirtieron los fiscales federales es que la división haga perder la pista de los casos de narcotráficos más complejos.
Corrupción. Otro riesgo, como dijo al principio del debate de la norma el titular de la Cámara Federal de Apelaciones, Ignacio Vélez Funes, es el de la corrupción en cuanto a la participación de la policía en estos casos.
Prevención. Para Francisco Montaldo, especialista en adicciones y ex titular de Salud Mental de Córdoba, la ley puede mejorar la situación, pero el tema es que hay un inadecuado sistema de salud y contención, insuficiente para tratar a los adictos. El legislador radical Brouwer de Koning sostuvo que no será suficiente el 30 por ciento de los fondos provenientes de las multas y beneficios económicos derivados de los bienes decomisados, el cual señala el oficialismo, serán dirigidos a este sectorpara asistencia.Más información
