Analizan prohibir fumigaciones pegadas a áreas urbanas

Años atrás, vivir al lado del campo parecía una ventaja para muchos, por el contacto con la naturaleza. Pero las prácticas agrícolas fueron variando con el tiempo y la discusión sobre las consecuencias de las fumigaciones en la salud de la población urbana vecina a áreas cultivadas se va abriendo. En Córdoba, cada vez más ciudades y pueblos ven surgir inquietudes de sus habitantes por esta cuestión.

Los científicos siguen estudiando en qué medida herbicidas y pesticidas contra yuyos e insectos afectan a la población humana más expuesta. Los grupos ecologistas reclaman normas estrictas. Los sectores ligados a la producción agrícola suelen exponer que las argumentaciones en contra son exageradas y no probadas. Y los gobiernos, en general, tratan de hamacarse entre los reclamos por el ambiente y la salud y la presión por no reducir la actividad económica clave que genera el campo.En ese marco, en la Legislatura provincial se han presentado un par de proyectos para reformar la ley y establecer una zona de exclusión vecina a áreas urbanas, cursos de agua y escuelas rurales, en la que no se pueda fumigar con ningún producto.La ley 9.164, sancionada hace seis años, no permite fumigar con productos clase Ia, Ib y II (los de mayor riesgo toxicológico) en los 500 metros lindantes a zonas urbanas. Pero los clasificados como III y IV, según la lista del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), se pueden usar incluso pegados a barrios y ríos. En todos los casos, se exige una receta a cargo de un agrónomo, que se aplique con personal y maquinaria habilitada y que el municipio controle factores climáticos como el viento, entre otros aspectos. La misma ley prohíbe las fumigaciones aéreas de cualquier tipo en los 500 metros vecinos a áreas urbanas.El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia había creado un equipo de inspectores para controlar su cumplimiento pero, al poco tiempo, fue reducido. Y transfirió responsabilidades de contralor a municipios y comunas que no tienen capacidad operativa y, en muchos casos, tampoco tienen voluntad política para asumir ese rol. Cambiar o retocar. Mientras la discusión se instala, el mencionado ministerio firmó semanas atrás un convenio con las universidades nacionales de Córdoba y Río Cuarto para elaborar en conjunto informes científicos sobre el uso de agroquímicos. "Vamos a trabajar junto a las universidades, tanto en estudios agropecuarios como relacionados a la salud humana. Sólo así tendremos una opinión equilibrada, alejada de fundamentalismos o intereses políticos", señaló el ministro Carlos Gutiérrez al firmar esos convenios.Desde esa cartera, se indicó que, más que cambiar la ley, apuestan a ajustar la reglamentación. Por ahora, prefieren no hablar de zonas de exclusión."No alcanza con retocar la reglamentación", replicó el legislador provincial Roberto Birri (Frente Cívico), autor de uno de los proyectos para modificar la ley. "Creo que es una respuesta de ocasión del Gobierno para no quedar rezagado en el debate", señaló. Birri propuso crear una zona de 800 metros alrededor de áreas pobladas y cursos de agua en la que esté prohibida toda fumigación, incluso con los productos considerados por entes oficiales como de menor riesgo toxicológico. En ese grupo está el glifosato, conocido por ser el de uso más extensivo, al ser aplicado a la soja, cultivo que hegemoniza el suelo agrícola cordobés. La propuesta admitiría alguna flexibilización si se crearan cortinas forestales adecuadas.

Un proyecto similar presentó el legislador Dante Rossi (UCR).Alejandra Matar, radical y presidenta de la Comisión de Agricultura en la Legislatura, planteó que el tema aún no está formalmente en discusión en el ámbito legislativo, opinó que "es una cuestión compleja" y que debería evaluarse cómo compensar a los muchos productores que se verían afectados por una restricción. Más que cuestionar la ley vigente, Matar opinó que "el tema es que no se aplica bien, porque la Provincia no dio presupuesto para controlar como corresponde".El socialista Birri admitió que, "por las compensaciones, debería buscarse algún mecanismo", pero sostuvo que "por encima de la producción, debe anteponerse la salud".Marcelo Falo, de la oficialista Unión por Córdoba y presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos, apuntó que "es complejo conciliar el tema ambiental en una provincia agrícola" y dijo que, entre los legisladores peronistas, que por ser mayoría tienen la llave para aprobar o no una ley, no habría por ahora una posición unánime.Desde el Ministerio de Agricultura, se planteó que esperarán las conclusiones que aporten las universidades.

Advierten sobre riesgos. Un fuerte impacto en el debate generó el encuentro, organizado en agosto por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, en el que médicos y académicos que vienen advirtiendo sobre los efectos en la salud de los agroquímicos, señalaron en un documento que la situación sanitaria "se agrava día a día" por el descontrol con las fumigaciones sobre áreas pobladas y  que "enfermedades severas como cánceres, abortos espontáneos, trastornos de la fertilidad y malformaciones congénitas se detectan con mucha mayor frecuencia, al igual que trastornos respiratorios, endocrinos, hematológicos y psíquicos en poblaciones sistemáticamente fumigadas".  Relacionaron el hecho "al aumento del uso de plaguicidas que creció en 14 años casi un mil por ciento".

El Colegio de Ingenieros Agrónomos viene remarcando que si se hiciera cumplir acabadamente la ley existente no habría mayores riesgos para la población ni para los aplicadores. Respecto a establecer zonas de resguardo en límites de áreas urbanas, relativizan su utilidad al sostener que “una pulverización mal hecha a tres mil metros de un pueblo puede afectar a sus habitantes, y una bien hecha a 100 metros no debería implicar riesgos”.

Mientras, grupos de vecinos movilizados de varias localidades cordobesas, nucleados en la campaña "Paren de Fumigar", reclaman prohibir toda aplicación aérea, que en los 1.500 metros vecinos a áreas pobladas no se permita ninguna fumigación y que se destine una porción del "fondo de la soja" que recibe la Provincia a los municipios para que tengan real capacidad de inspección.152 actas de infracción en 2010. De enero a septiembre de 2010 se labraron 152 actas con sanciones o apercibimientos por infracciones a la ley de agroquímicos en Córdoba. La subsecretaria de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia, Samanta David, contrastó esa cifra con las 40 que se labraron en 2008, para replicar los cuestionamientos respecto de que no hay control. Dijo que entre 2009 y 2010 suman 840 expedientes. "En cambio, de 2007 para atrás no había nada", graficó.

La funcionaria admitió que la gran mayoría de las actas son porque la máquina usada, o el operador, o el agrónomo a cargo de la fumigación, no tenían habilitación oficial. Sanciones por fumigaciones con productos ilegales o en zonas no permitidas hay pocas. "Es que se necesita detectarlos in fraganti o en forma inmediata, para comprobarlas", señaló. Y dijo que el caso más resonante constatado, con 14 intoxicados en Colonia Tirolesa por una mala aplicación, recibió la multa más alta: 50 mil pesos.David admitió que hoy el Ministerio cuenta con menos inspectores que cuando años atrás empezó a aplicarse la ley. El ajuste fue por razones presupuestarias. Señaló que los municipios, comunas y las 18 agencias de esa cartera en el interior son agentes de control también. Sostuvo que algunos municipios tiene un rol más activo que otros para vigilar el cumplimiento de la ley sobre sus límites urbanos.

Datos:

Antecedentes Una docena de municipios cordobeses han dictado ordenanzas propias, con mayores restricciones para fumigar que las establecidas en la ley provincial. En barrio Ituzaingó, de Córdoba, un fallo judicial ordenó fijar limitaciones. Incluso se acaba de elevar a juicio una causa con dos productores rurales y un aplicador aéreo como imputados por infracción a la ley vigente en ese caso.

Glifosato. Es el agroquímico más usado con el actual modelo de producción rural.  Está considerado por organismos oficiales nacionales como de baja toxicidad (clase IV). Pero está en plena discusión científica esa calificación. Parte del debate es si no debiera ser recalificado.Endusolfán. Un comité de expertos de la ONU encargado de revisar los productos químicos contaminantes recomendó esta semana la prohibición del endosulfán, por su poder "altamente tóxico".  En Argentina, no está aún prohibido, pero sí considerado en el grupo de más riesgo, por lo que no puede ser usado cerca de áreas pobladas.