Latinoamérica, la receta está en el trabajo a largo plazo

Varios países americanos lanzaron políticas de Estado para intentar solucionar el problema de los residuos sólidos urbanos. Por caso, Chile, Colombia, Brasil y México están llevando a cabo programas federales para gestionar la generación, transporte y destino de la basura que se genera en las grandes ciudades. Argentina también tiene vigente normativa nacional al respecto, pero su aplicación depende de los vaivenes políticos. Las apreciaciones se dieron en el marco del seminario "Gestión de Residuos en Áreas Metropolitanas de Latinoamérica", que se desarrolló en Buenos Aires entre el 6 y el 8 de septiembre pasado. El encuentro fue organizado por Ceamse (empresa de desarrollo ambiental), la Asociación para el estudio de los Residuos Sólidos (ARS), la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (Aidis) y la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (Iswa, por sus siglas en inglés).Expusieron representantes de varios países de la región sobre las políticas que se están llevando adelante para mejorar las condiciones de la gestión de la basura. En el diagnóstico que se realizó se encontraron varios puntos en común entre Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina.Por ejemplo, que la política de residuos recae sobre los municipios, y que por costos se operan basurales a cielo abierto. Otra coincidencia fue la existencia de recolectores informales, el rechazo de la población a la instalación de rellenos sanitarios, alta producción diaria de desechos por persona (casi un kilogramos, en promedio) y los problemas para llevar adelante acciones de reciclado.No obstante, también hubo posiciones similares en cuanto al intento por cambiar esas situaciones: en todos los países el Estado nacional está interviniendo con activas políticas en la materia, sancionando leyes y llevando a cabo intensos planes de manejo. Experiencias. En Chile se aprobó en 2005 la política integral de residuos sólidos, y como consecuencia se implementó el Plan Director de Residuos. Este plan, según explicó el director regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Alejandro Donoso Henríquez, se basa en la prevención y minimización de los residuos, la erradicación de basurales y tratamiento y disposición final. En ese marco se lanzó el programa Santiago Recicla, en el área metropolitana de la capital trasandina. El programa aspira a recuperar un 25 por ciento de la basura que se genera en esa región.Brasil, por su parte, acaba de sancionar la ley nacional 12305, que crea la Política Nacional de Residuos Sólidos. El marco legal se complementa con otra normativa vigente desde 2007, tendiente a modificar las legislaciones municipales sobre la basura.Las leyes brasileñas establecen una serie de cuestiones novedosas, como la logística reversa, en la que los productores tienen responsabilidad sobre el destino de los materiales, tal como relató Odair Luiz Segantini, de la Asociación Brasileña de empresas de Limpieza Pública.México también avanza en el mismo sentido con políticas llevadas a cabo por el Estado nacional, con similitudes al plan brasilero. En este caso, se llama Programa Nacional para la Prevención y Gestión de los Residuos. Sandra Herrera, subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental del gobierno mejicano, indicó que se busca que los municipios cambien las malas prácticas relacionadas al manejo de la basura.Finalmente, el colombiano Andrés de Bedout Jaramillo, gerente de la firma municipal Empresas varias, manifestó que desde mediados de la década de 1990 se trabaja a nivel nacional sobre el tema de los residuos, a través de la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento.La entidad creó un sistema de créditos blandos para la construcción de infraestructura y un severo régimen de castigos para quienes no cumplen con la normativa vigente. Inclusión y regionalización. Otra de las coincidencias entre los países expositores fue la política de regionalización de rellenos sanitarios. Colombia, Chile, Brasil y México avanzan en ese sentido, que consiste en crear un centro de tratamiento para los residuos que generan varias municipalidades. Además, hubo consenso sobre la importancia de la regularización de los recolectores informales, a través de la creación de cooperativas para una mejor organización, y de la intervención del Estado a la hora de mantener los precios de los materiales que se recuperan para resguardar la actividad.