Ahora es el turno del Ejecutivo

Para que el proyecto de ley que se sancionaría hoy cumpla el objetivo de ser una herramienta más contra la trata de personas y la explotación sexual de las mujeres, el Ejecutivo tiene que cumplir dos metas. La primera es el compromiso activo de aplicarla. Después de todo, es una iniciativa firmada, presentada con pompa y promovida por José Manuel de la Sota. De nada servirá una ley si luego no hay decisión política de ejecutarla y de luchar contra quienes la incumplen, como se prometió públicamente. Si no, el resultado será el opuesto al propuesto: florecerán los lugares clandestinos, donde será aun más difícil cumplir los derechos a la integridad y al trabajo digno de las mujeres. Para ello, también será necesario el compromiso de la Policía, agente ejecutor de la política criminal y de la prevención del delito, que muchas veces es cómplice de la existencia de esos lugares donde se explotan seres humanos.La segunda meta por cumplir es que no se criminalice a la trabajadora sexual, como sí se hace hoy. Son recurrentes los casos en los que agentes policiales, escudados en el Código de Faltas, las detienen y las denigran. En Argentina, se prohíben los prostíbulos, pero no el ejercicio de la prostitución.