Una política errática para YPF

C omo lo hace en forma habitual con sus actos de gobierno, la presidenta Cristina Kirchner y el oficialismo se encargaron de darle amplia difusión al acuerdo entre la petrolera estatal YPF y la estadounidense Chevron. El convenio supone, a grandes rasgos, una inversión de 1.240 millones de dólares para explorar por 35 años el yacimiento no convencional de Vaca Muerta, que incluye amplios territorios de las provincias de Mendoza y Neuquén. El acto fue precedido por un decreto del Poder Ejecutivo que cambió las condiciones básicas para las inversiones hidrocarburíferas que superen los mil millones de dólares, otorgándoles beneficios de los que carecen las petroleras ya asentadas en la Argentina, por lo que ese instrumento legal podría ser cuestionado por inequitativo.Una cuestión grave es que no se conocen exactamente los alcances de lo concedido a Chevron, la única que aceptó la propuesta de las 15 compañías que fueron tentadas a asociarse con la reestatizada YPF. La expropiación a los españoles de Repsol se había efectuado con argumentos que incluían una caída en la exploración, en las reservas y en los despachos de combustible. Las empresas rechazaron esta asociación en función de que Repsol inició en España un juicio contra YPF por lo que califica como una confiscación de las autoridades argentinas, ya que no se pagó indemnización alguna por ese acto cargado de propaganda política. Un juicio similar se desarrolla ante los tribunales de Nueva York.Pese al espíritu nacionalista que le impuso el kirchnerismo al cambio de bandera, el Gobierno no dio cuenta de los alcances del acuerdo con Chevron. Tampoco se sabe qué sucederá con las regalías que perciben las provincias de Mendoza y Neuquén, que son las auténticas dueñas de lo que ahora estará bajo explotación de la compañía norteamericana. Mucho menos se informó sobre el impacto ambiental que tendrá esa exploración, que demanda enormes cantidades de agua para extraer gas y petróleo no convencional de la roca base o "madre".Este acuerdo tira por tierra los argumentos usados por la Presidenta sobre la recuperación de la soberanía energética con la estatización de YPF, que entregó ahora –por 35 años– su principal riqueza a una empresa que es la sucesora de la histórica Standard Oil. La verdadera razón de este cambio de discurso tiene que ver con el déficit energético, que treparía este año a los siete mil millones de dólares, en base a las necesidades –cada vez más crecientes– de importar gas y fueloil para atender la demanda en el país. La errática política energética no es sólo patrimonio de Cristina Kirchner. Lo que realizaron Juan Perón, Arturo Frondizi, Arturo Illia y Carlos Menem fue anulado por sus respectivos sucesores. Es la historia de un fracaso que ya cumple más de 60 años.