¿Cómo se controla a los policías?

Los fallos del Tribunal de Conducta Policial, el órgano encargado de penalizar a aquellos efectivos que incurran en ilegalidades, han generado bastante malestar en las filas más bajas de la fuerza.

Sucede que durante las últimas meses se conocieron distintas resoluciones que dejaron al descubierto la existencia de varas diferentes al momento de sancionar.

Históricamente, se siguió el criterio de que todos son inocentes hasta que la Justicia provincial confirme lo contrario. ¿Cómo se aplica esto? Cualquier policía, sin importar el rango, que afronte alguna causa penal, queda en situación pasiva (se le retiene el 70 por ciento del sueldo y se le quita la portación del arma reglamentaria) hasta que se resuelva su situación legal. Si es sobreseído, recibe el dinero retenido y retorna a su puesto. Pero si es condenado, se le aplica la exoneración (es dado de baja y no goza de jubilación).

Pero desde el "narcoescándo" hasta hoy, el Tribunal de Conducta a tenido criterios duales para juzgar a los efectivos.

Hubo una demora de varios días hasta dejar en situación pasiva a Rafael Sosa y el resto de los policías de Lucha Contra el Narcotráfico detenidos (la resolución recién se conoció cuando ya llevaban varias jornadas en Bouwer), mientras que aún no se tomó ninguna resolución sobre el comisario mayor Ariel Ávila, procesado por la Justicia federal acusado de "falsedad ideológica". El jefe policial, a cargo de la división Delitos Complejos, continúa en su puesto, pese a la grave sospecha que la Justicia federal plantea en su contra, ya que según la causa, se sospecha que alteraban oficios judiciales para obtener datos de particulares que no eran objeto de ninguna investigación judicial.

En tanto, el otro efectivo imputado en la misma causa, Rubén López, fue removido a la división Explosivos, sin que hasta ahora haya sufrido ninguna retención en su sueldo, porque jamás pasó a situación pasiva ni sufrió ninguna sanción administrativa.

En contrapartida, en marzo, 16 policías fueron exonerados de la fuerza imputados por agitar el acuartelamiento, pese a que aún no hay ninguna sentencia judicial contra ellos.

"El Tribunal de Conducta entiende que los elementos de prueba son contundentes y suficientes para cesantear a los policías imputados, quienes incurrieron en conductas reñidas con lo esperable de un funcionario policial", explicó el Gobierno en esa oportunidad.

Lo que significa que para el Tribunal no fue necesario esperar la resolución de la Justicia, criterio que no ha seguido en un grave suceso que también terminó afectando la integridad de toda la fuerza, como ha sido el "narcoescándalo".

Para conocer este y otros criterios, La Voz intentó comunicarse con alguna autoridad del Tribunal de Conducta. La respuesta oficial es que el presidente, Martín Berrotarán, está de licencia hasta el próximo 5 de mayo y que recién este viernes estará el presidente suplente. En tanto, el resto de la planta de autoridades declinó realizar alguna consideración formal.