Sin control
El control ciudadano de precios que anunció la Presidenta no sólo es una forma de admitir la inflación que niega el Indec, sino una preocupante delegación de funciones propias del Estado.
La puesta en marcha del programa destinado a controlar los precios de 500 artículos de primera necesidad parece responder, por el absurdo, a numerosas preguntas pendientes, a la vez que manifiesta, en toda su crudeza, la marcada debilidad institucional que caracteriza hoy a la Nación. No es irrelevante que sea la propia presidenta Cristina Fernández quien haya anunciado al país un programa de tales características, casi como si confesara que carece de un programa de gobierno o como si admitiera contra su voluntad que lo negado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) –la temida e indisimulable inflación– existe y es un problema.La medida tiene el agravante de que los 500 artículos representan sólo un mínimo porcentaje entre los miles que aumentan sin orden ni concierto. A ello se añade que los controles anunciados con toda pompa se restringirán al Gran Buenos Aires, lo que desnuda la intentona electoralista de la cuestión. Pero, detrás de esta pública aceptación de la propia impotencia, subyacen peligros dignos de mención. Que los controles del caso sean concretados por militantes sociales, entre los que destacan los de La Cámpora, refiere al crecimiento de una forma de gestión paraestatal en franco crecimiento. Ya no se trataría de la intromisión lisa y llana de dichos militantes en organismos públicos por la vía del empleo que remunera la militancia, sino de la transferencia de funciones indelegables del Estado a particulares ajenos a la responsabilidad y las atribuciones propias de quienes revistan en órganos de fiscalización estatales.Por esta vía, ciudadanos de a pie tendrían facultades delegadas de observar y evaluar a otros ciudadanos, reportarlos a la todopoderosa Secretaría de Comercio Interior y dejarlos a tiro de piedra de eventuales sanciones.Estaríamos así en presencia de una nueva policía específica, abriendo las puertas a nuevos dislates del mismo o mayor calibre. ¿Qué otros aspectos de la existencia de sus conciudadanos podrían hurgar en el futuro estos modernos fisgones ungidos por la miopía oficial?Asistimos, de tal modo, a una suerte de festival de la ilegalidad, consagrado desde atriles presidenciales. Y, en plan de imaginar otros dislates, bien podríamos representarnos a estos modernos cruzados puestos a ordenar el caótico tránsito de nuestras ciudades, habilitados para labrar actas y sancionar a infractores de toda laya.Inútil parece recordar que estas empresas naturalmente condenadas al fracaso confirman a un Estado en retirada.Y habilitan a algunos argentinos para fungir como gendarmes de sus conciudadanos, la receta perfecta, por si ella fuera necesaria, para ahondar el clima de crispación y enfrentamientos.Es la perfecta receta para un desastre, esa extraña vocación por caminar hacia el abismo que parece caracterizar a una gestión que debería someterse a una profunda autocrítica de sus fines y sus medios.
