La República avasallada
Las continuas presiones del kirchnerismo al Poder Judicial conllevan la intención de someter a otro de los poderes del Estado, en ese objetivo explícito y antidemocrático de "ir por todo".
Argentina eligió para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece el artículo primero de la Constitución Nacional, base de nuestra organización como país.
La existencia de una república supone la división de poderes, por los cuales el Ejecutivo debe hacer cumplir las leyes y fijar las políticas de la Nación, mientras que la tarea de elaborar y sancionar las normas es propia del Legislativo. Por último, la constitucionalidad de esas normas, que pueden afectar derechos individuales y colectivos, debe ser resuelta por el Poder Judicial.
Pero esto no es así en la realidad. La gestión de Cristina Fernández despliega una presión insoportable sobre distintas instancias del Poder Judicial, para obtener un fallo que avale dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –los números 45 y 161–, con los cuales el Gobierno pretende acallar las pocas voces críticas del periodismo independiente.
Primero fue un planteo en el Consejo de la Magistratura, por el cual una aspirante a jueza –que se identificó con el kirchnerismo– recusó a uno de los miembros de la oposición para lograr su designación en la causa del Grupo Clarín, pese a que en el examen previo había quedado relegada al sexto lugar entre los candidatos.
Luego, el ministro de Justicia, Julio Alak, atacó y denunció a los magistrados subrogantes designados en el Juzgado Federal Civil y Comercial que debe resolver si el planteo contenido en la norma viola derechos legítimos, adquiridos con anterioridad, por el Grupo en cuestión.
La última estrategia pretende obtener la sanción de una ley para reglamentar la figura del per saltum, que no es otra cosa que un aval para que el Gobierno, cuando lo considere necesario, acuda en forma rápida y directa a la Corte Suprema de Justicia, con la supuesta intención de obtener un fallo favorable.
Todo esto sin respetar los pactos internacionales incorporados a la Constitución de 1994, que establecen que un individuo debe ser juzgado por un tribunal inferior antes de que la máxima instancia se pronuncie por una sentencia y el juicio obtenga así la categoría de inmodificable.
La República es avasallada para someter a este poder independiente a las órdenes del Ejecutivo. La gestión presidencial, más que poner sus objetivos en el bienestar social, apunta a acallar las voces críticas.
“No vamos a aceptar presiones de nadie”, ha dicho con razón el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Esa definición debe guiar la actuación de sus pares, en pos de defender la independencia de este poder del Estado.
Lo contrario supone una amenaza real a la forma de gobierno elegida por nuestros antecesores y convalidada por la voluntad popular y los constituyentes de 1994, entre quienes se encontraba la actual presidenta Cristina Fernández.
