Dónde poner el eje en la nueva normativa
El Congreso comenzará a discutir la nueva ley de riesgos del trabajo. El sistema requiere reducir la judicialización del sistema, pero también mejorar aún más la seguridad y salud laboral.
La propuesta presidencial para la reforma de la ley de ART lanza el debate sobre qué régimen se quiere lograr. "Es fundamental resolver la cuestión de la inconstitucionalidad de la ley de ART, como también garantizar la movilidad de los montos de las prestaciones", asegura Daniel Funes de Rioja, abogado asesor de la Unión Industrial Argentina (UIA) en materia laboral.Por su parte, para las ART hay que sumar otros temas. "La reforma debe determinar cómo articular la participación Justicia laboral y cómo se instrumentará el sistema de pago único y por renta (en pagos mensuales). Económicamente esto último es indiferente, pero le da previsibilidad al sistema", explica Mara Bettiol, gerente general de la Uart.Para Altamira Gigena, uno de los problemas es que las ART son sociedades anónimas que persiguen su lucro. "Tanto en Chile como en Brasil se crearon sociedades mutuas, con participación de las empresas, los sindicatos y el Estado, que reciben el aporte del empleador y responden con buenos resultados. Las leyes para asegurar la salud de los trabajadores existen y están vigentes, el problema de siempre es que en muchos casos no se cumple", dice el docente y miembro de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba.Por su parte, Horacio Lorandi, titular de delegación regional Córdoba de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), advierte entre los problemas la cantidad de enfermedades que no son reconocidas como laborales y las normas de seguridad que los empleadores no aplican. "Hay muchos casos de intoxicación con agroquímicos; los empleadores ponen la excusa de que el trabajador no lo quiere usar y no quieren reconocerlo como enfermedad laboral", asegura."No es un camino fácil por recorrer, pero se llegó a índices de seguridad internacionales. Hace falta que cada uno cumpla con sus obligaciones: que las empresas den seguridad, que la ART asesore y que el Estado fiscalice", dice Bettiol.Respecto a este último tema, hay que advertir que la delegación local de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) tiene cuatro inspectores para toda la provincia -busca sumar otros cuatro para el interior- por lo que deriva la fiscalización en el Ministerio de Trabajo de la Provincia. "Pese a todo, en Córdoba viene decreciendo 10 por ciento anual la cantidad de juicios por accidentes y enfermedades desde 2009. En la provincia se resuelven 54 mil casos, de lo cual 15 por ciento va a juicio", dice Agustín Vaca Narvaja, delegado local de la SRT.860 mil trabajadores rurales en el país están declarados, de 1,5 millón de personas que se estima trabajan en el sector. Sólo 40 por ciento de los trabajadores rurales "en blanco" están cubiertos por las ART que atienden en este rubro.

