Sinsabores de la política agrícola

Parece atinado pensar que la política económica debe tener como un objeto fundamental propender al crecimiento económico. Ello ocurre en el común de los casos. Excepcionalmente se puede establecer alguna política con el propósito de desalentar la producción de algún bien, por efectos no deseados en la producción o en el consumo de ese bien, pero nunca hacia la producción de un sector clave. La política económica en relación con el sector agropecuario en Argentina se inició, como es lógico, con el propósito de favorecer al sector y, a través de ello, al país. Con el correr del tiempo, ellas se transformaron claramente en discriminatorias hacia el sector. La política agrícola se inicia con el Plan de Acción Económica Nacional (1933). Las principales medidas fueron: fijación de "precios básicos" para trigo, maíz y lino; creación de la Junta Reguladora de Granos (responsable de la comercialización interna); y el control de cambios. Estas medidas constituyen el inicio de las políticas de precios, comercial interna, y cambiaria, respectivamente. La política cambiaria se inicia con el "control de cambios", estableciendo un doble mercado: el oficial y el libre. El oficial compraba las divisas provenientes de las exportaciones, las que vendía a una tasa libre a mayor precio. La política comercial externa se inicia con la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (Iapi) 1946, y se pueden distinguir dos períodos. El primero, hasta 1955, en el que el Iapi monopolizó la exportación, fijando los precios internos (muy por debajo de los internacionales). El segundo se inicia en 1955, luego de la disolución del Iapi, estableciéndose, por primera vez, un impuesto a las exportaciones, conocido como "retenciones", luego de una devaluación significativa. Las políticas claves fueron y siguen siendo estas dos: la política cambiaria, y la política comercial externa (retenciones), las cuales se vienen aplicando alternativa o conjuntamente. Del juego de ambas surgen los precios internos. Los efectos de estas dos políticas han sido estimados desde 1933 en adelante, a través de unas medidas conocidas como "tasas de protección", las cuales fueron altamente negativas; es decir, para la agricultura argentina son tasas de desprotección: lo contrario de lo que ocurre en los países desarrollados y aún en menor medida en varios emergentes (México, Brasil), o de países "normales", que no discriminan (Uruguay, Chile).El sector se ha sobrepuesto a esta discriminación a través de la alta capacidad de respuesta de los productores argentinos para el manejo del planteo productivo, de la capacidad de innovación y de la incorporación de tecnología. Hoy, a pesar las altas "retenciones", el sector mantiene rentabilidad (alta en el caso de los grandes productores) debido a la favorable coyuntura de precios internacionales, especialmente de la soja, pero las "retenciones" discriminan fuertemente a los pequeños productores.