La raíz de la violencia política

Desde la restauración democrática, distintos agentes del Estado y actores de la política han condenado la violencia que asoló al país entre 1976 y 1983, bajo la dictadura. Pero no son igualmente taxativos cuando se les pregunta por lo que ocurrió durante los gobiernos peronistas entre 1973 y 1976. En el mejor de los casos, se suele hablar de algunos fenómenos más o menos aislados, más o menos relacionados: la actividad guerrillera, la emergencia de la Triple A, el Ejército y el Operativo Independencia. En Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y "subversión", 1973-1976 (FCE, 2012), Marina Franco estudia ese trienio y concluye que fue entonces cuando se constituyó "una lógica político-represiva centrada en la eliminación del enemigo interno", antecedente necesario para que la dictadura desplegase el terrorismo de Estado. Un primer momento en la definición de esa lógica nefasta se corresponde con el conflicto interno del peronismo (izquierda versus derecha), en el que la violencia política fue legitimada a través de un documento partidario de octubre de 1973 que promovía la utilización de todos los instrumentos que se considerasen "eficientes" para asegurar la "depuración" del justicialismo: erradicar a los "infiltrados" (la izquierda) fue entonces el fin que justificó cualquier medio. No deja de ser interesante que Franco haya encontrado numerosa documentación que demuestra que amplios sectores de base se comprometieron con ese objetivo. En el Ministerio del Interior se recibieron muchísimos telegramas denunciando la presencia de la "infiltración marxista" en "unidades básicas o escuelas de pequeños pueblos". Ese enfrentamiento no sólo legitimó la violencia física sino también "la clausura de la pluralidad ideológica", la censura informativa y cultural, las famosas listas negras, la prohibición de circulación de libros, revistas y diarios; etcétera. Un segundo momento se vincula con la participación de las Fuerzas Armadas, junto con fuerzas policiales y de seguridad, en la "lucha antisubversiva", algo que Franco registra ya en mayo de 1974, cuando el por entonces jefe del Ejército declaró que su fuerza contribuiría "decididamente a impedir que el agresor apátrida logre jamás su objetivo". Es por eso que las violaciones a los derechos humanos que se formularon en 1975 no involucraron exclusivamente a una organización paramilitar como la Triple A, sino a "otras muchas instancias estatales", que "estaban acompañadas por el sostén de un amplio arco de poderes coadyuvantes dentro de la estructura estatal". Así, el actor político elegido para gobernar –el peronismo– se convirtió en el principal destructor de la lógica institucional democrática, aunque no fue el único. "El período constitucional 1973-1976 constituyó un proceso de lenta deriva hacia el autoritarismo desde el seno y a través de las instituciones del propio régimen democrático, y en ningún caso fue el resultado de algunas medidas aisladas de gobierno, de algunos sectores o de algunas prácticas paralelas o clandestinas. El proceso analizado a lo largo de tres años fue, probablemente, la condición de posibilidad de la violencia posterior". Esto –vale subrayarlo– no le quita responsabilidad a la dictadura, pero ubica en los años previos al golpe el origen de la lógica represiva que marcó al país para siempre.