¿Incentivos o un obstáculo para la inversión?

Como si alguien hubiera puesto la calefacción en un día con 40 grados de temperatura. Así se percibe la decisión del Gobierno nacional de cambiar el llamado “régimen de incentivo destinado a promover la fabricación nacional de bienes de capital”. La sensación de ahogo es porque la nueva normativa llega en un mal momento para los sectores industriales que están trabajando al tope de su capacidad instalada y que deben tomar decisiones de inversión para comprar maquinaria. Por eso, la pregunta ante las nuevas medidas es si no terminarán siendo un obstáculo para la inversión. Lo que sí es seguro es que llegan con retraso, porque el momento para tomarlas fue cuando los productores nacionales de bienes de capital contaban efectivamente con ventajas competitivas.

De acuerdo a la información que se suministró, la normativa que se aplicará a partir de mayo incluye varias medidas: dará de baja el bono fiscal del 14 por ciento que recibían los fabricantes nacionales de estos bienes, subirá del 0 por ciento al 14 por ciento el arancel a las importaciones de bienes de capital (es decir volver al arancel Mercosur) y simultáneamente incrementará la alícuota del IVA del 10,5 al 21 por ciento.

Como se advertía esta batería de medidas llega tarde. El retraso es evidente porque al analizar por etapas lo ocurrido con el régimen que estará vigente hasta abril, resulta que el mejor momento para hacer la modificación fue precisamente en la fase anterior a la que nos encontramos ahora. En su primera etapa, en el año 2000, el objetivo inicial del bono fiscal fue dar una compensación al sector productivo local por la baja del arancel a la importación, en un marco de tipo de cambio apreciado y poco favorable a la actividad fabril nacional.

Luego vino una segunda etapa que llegó tras la devaluación, en la que las condiciones macroeconómicas cambiaron y la producción nacional ganó competitividad frente a las importaciones. Sin embargo, pese a los beneficios que ya brindaban estas condiciones, el bono fiscal se mantuvo, lo que brindó un plus adicional de competitividad a los productores locales. Ya en una tercera etapa, la que transitamos en los últimos años, la caída del tipo de cambio real fue diluyendo las ganancias acumuladas por la competitividad precio. Por lo tanto, el momento ideal para retirar el beneficio del bono a la industria de bienes de capital fue justamente la etapa anterior a la que vivimos hoy. Hubiera sido conveniente retirar el beneficio cuando la devaluación asignó a la producción local un plus de competitividad. Ya en ese momento era innecesario seguir incentivándola con el bono fiscal.

Además, si bien la aplicación de la nueva normativa podría despejar parcialmente el camino hacia una mayor uniformidad del régimen de bienes de capital en el Mercosur, lo que es favorable para el proceso de integración, hay aspectos internos que deben ser tenidos en cuenta. Según la nueva normativa, como contraprestación el sector productivo sería asistido mediante un fondo fiduciario que se constituiría con el 50 por ciento del arancel del 14 por ciento y un monto equivalente a lo que era destinado al bono, pero sólo bajo la forma de créditos para capital de trabajo, inversión, exportaciones, entre otros. Además, como los bienes de capital seguirían ingresando con arancel 0 por ciento desde Brasil, las autoridades deberán hacer uso del arsenal de medidas de control de las importaciones para evitar que se disparen las compras al principal socio.

Ahora bien, el costado débil de la nueva medida proviene del lado de la demanda de inversión, y es por esta causa que se puede asegurar que llega en un mal momento y con peligro de convertirse en un obstáculo para invertir. Porque este cambio implicaría un encarecimiento de los bienes de capital que actualmente están afectados al beneficio, tanto por el aumento del arancel como por la suba del IVA preferencial. Y estas trabas no son triviales en una economía que está perdiendo dinamismo, que tiene un déficit en materia de inversiones y productividad, y que enfrenta el desafío (plasmado en los objetivos oficiales como los del plan 2020) de incrementar la producción, el empleo y las exportaciones. Y que además depende en gran medida de bienes de capital importados, dada la insuficiente diversidad de la estructura productiva local.

Es cierto que queda vigente la posibilidad de acudir individualmente y solicitar la importación con arancel 0 del bien de capital específico que se necesite, si no es fabricado localmente, pero la pregunta es qué agilidad tendrá este mecanismo, y si no se aplicará en forma similar a las licencias no automáticas.

En síntesis, con esta medida se podría avanzar en saldar una deuda en el marco del Mercosur, uniformando los aranceles a los bienes de capital. Pero en el plano local lo que pretende es una mayor injerencia de los bienes nacionales a través de la sustitución de importaciones, en busca de un ahorro fiscal, que se produciría al dar de baja al bono fiscal. Todo además, con mayor poder de acción del Gobierno sobre el sector, a través de la adjudicación de los créditos del fondo fiduciario. Se trata, entonces, de una normativa que se aplica tarde y en un momento económico en el que podría resultar una traba para la inversión.

*Ex secretario de Industria y director de abeceb.com