Almafuerte: renuncian concejales en medio del juicio político al intendente

Almafuerte. La renuncia de dos de los cinco concejales radicales demoraría más el juicio político iniciado por el Concejo Deliberante contra el intendente Daniel López (UCR),  al que acusa de presuntas anomalías administrativas en la gestión.

Hoy se confirmó la renuncia del presidente del cuerpo deliberativo, Máximo Brizuela y del edil Gustavo Sánchez (ambos radicales) y ahora deberá asumir reemplazantes en esas bancas. Ante la consulta de este diario, el concejal radical Raúl Balbis aseguró que "la mayoría está de acuerdo con seguir analizando las pruebas presentadas por López, para elaborar una resolución que determinará si hay mérito o no para llamar a referéndum".

El argumento de los ediles salientes estuvo relacionado a que no consideran oportuno el momento para someter al pueblo a referéndum faltando tan solo un año para que finalice el mandato del actual intendente. Si el Concejo sigue el proceso, deberá convocar a un referéndum para que la población vote en las urnas la continuidad o destitución del intendente.

Brizuela admitió que en realidad esperaba que el propio López renunciara, cuestión que ni pasa por la mente del intendente, el  que aseguró a este diario estar dispuesto a combatir en las urnas por su continuidad.

La renuncia de ambos ediles será analizada en una sesión que se realizará mañana. Luego se convocará a los reemplazantes en la lista de la UCR  (en orden le correspondería a Jorge Galindez, José Ferreyra, Emilia Baraza y Juan Marconetti). Los demás ediles radicales y los dos del  PJ pretenderían seguir con la acusación y llamar a referéndum antes del 12 de noviembre. Necesitan los dos tercios para eso. Aún con dos ediles en contra, podrían dar ese paso, según aseguran. La UCR tieen cinco ediles y el opositor PJ dos.

En el seno de la UCR se especula que las renuncias de los dos ediles oficialistas, que hasta ahora avalaban la destitución de López,  tendría relación directa con un pedido que se habría realizado desde el Comité de la UCR  provincial, para que no se avance con el juicio político porque podría ser perjudicial para los resultados comiciales de ese partido en 2011 en la ciudad, y bajo el argumento de resta sólo un año de mandato al actual intendnete, que no tiene chances legales de ir por la reelección.

Ediles radicales que mantienen su postura recordaron que cuentan con el aval del comité local desde hace un año, cuando comenzaron este proceso.

López contraataca. En este clima político revuelto, López envió hoy al Concejo Deliberante una nota en la que solicita se archiven todas las actuaciones vinculadas con el juicio político en su contra, por presuntas omisiones administrativas de los ediles. De prosperar con el proceso incurrirían, a juzgar del jefe municipal, en supuesto mal desempeño de sus funciones por incumplimiento a las normas vigentes, además de presunto abuso de autoridad.

López explicitó en la misiva que los pasos del juicio político no se habrían ajustado a las ordenanzas vigentes. Objeta que se haya cerrado la sesión especial celebrada recientemente, en vez de pasar a un cuarto intermedio. Entiende que como se cerró la sesión, el proceso se tiene que dar como concluido. "Estas normas son claras, no dan lugar a dudas del sentido de las mismas, por ello solicito expresamente que los concejales se abstengan de continuar con este trámite concluido, el cual además adolece de tantas irregularidades que lo tornan nulo de nulidad absoluta. Se trata de un proceso ilegal e ilegítimo, en el que se han violado los derechos constitucionales del intendente, los más sagrados derechos que son el derecho a la defensa en juicio y el debido proceso. Se omitió arbitrariamente incorporar la prueba ofrecida por el acusado y se le impidió tomar la declaración a casi quince testigos", describe la nota enviada al Concejo.

A su vez, la asesora letrada del municipio, Claudia Azategui, anticipó que el Ejecutivo ya ignorará todos los pasos que tengan que ver con el juicio político y dijo que si siguen insistiendo López denunciará a los ediles penalmente.

La situación, en vez de descomprimirse, parece agudizar el conflicto entre las partes.