Los nominados son dos

El pesimismo con que los integrantes de la Mesa de Enlace concurrieron el miércoles por la mañana a la reunión con el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, hacía presagiar el fracaso de las partes por destrabar el diferendo en la comercialización de trigo. Para el Gobierno, aceptar el pedido de la dirigencia rural de abrir de par en par la exportación del cereal y eliminar los cupos y las restricciones al comercio exterior era erosionar su política de control de precios. Por eso se mantuvo firme. Del otro lado de la mesa, los productores respondieron con un plan de lucha que tiene más de simbólico que de efectos prácticos. De ninguna manera el cese en la comercialización de granos por siete días (del próximo lunes al domingo 23, inclusive) va a poner en peligro el abastecimiento interno de alimentos básicos. Sí busca dar respuesta a un pedido de las bases que reclamaban una medida de protesta.Para muchos, el escarmiento llega tarde. Sostienen que la decisión se tendría que haber tomado cuando comenzó la cosecha y no ahora, cuando buena parte de la producción ya tiene destino. Se calcula que en Córdoba 80 por ciento de la cosecha (sobre un total que rondaría el millón de toneladas) tiene precio fijado o fue entregado a un acopio. Los que critican la pereza de la Mesa de Enlace aseguran que si el paro hubiera sido convocado un mes atrás, el productor hubiese tenido más posibilidades de defender sus espigas. Esta posición es más radicalizada en aquellas zonas del país donde el trigo es el principal ingreso en el calendario agrícola. Votos negativos. La normalización del mercado triguero es lo que pretenden los productores. Saben que mientras se mantengan estas condiciones, exportadores y molinos no competirán por el cereal y seguirán siendo los principales beneficiados. Con la regulación estatal, ambos encontraron el amparo para hacer su negocio, pero también los votos necesarios para ganarse el repudio del sector Se calcula que en los últimos cinco años los productores transfirieron a los exportadores 1.200 millones de dólares, por la diferencia entre el precio que recibieron y el que tendrían que haber cobrado en un mercado sin distorsiones.Pero las mayores objeciones, por cazar en el zoológico, se las llevan los molinos. Se los culpa de haberse quedado durante este tiempo con una ganancia adicional de tres mil millones de dólares. La industria harinera es la que más dinero recibió en compensaciones por parte de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), desde que se implementó el mecanismo en 2007. Sobre un total de ocho mil millones de pesos que el Gobierno destinó para subsidiar los precios de los alimentos que van al mercado interno, los molinos encabezan la lista, con 2.300 millones de pesos.De las siete millones de toneladas de trigo que se necesitan para el consumo interno, sólo 2,4 millones de toneladas se destinan para hacer trigo. El resto ingresa a los hornos de las panaderías para elaborar panificables de más valor comercial. El rol que tiene el Gobierno sobre el mercado impide hacer cualquier tipo de distinción: el subsidio llega tanto al pan que se vende en los barrios más carenciados como a las medialunas que se consumen en los hoteles cinco estrellas.Los molinos también sacan provecho de la harina que destinan a la exportación, que equivale a dos millones de toneladas de trigo, según la queja de los agricultores. Para ellos, hacen un negocio redondo comercializando al exterior el derivado del trigo, cuya materia prima compran a un "precio promocional" 25 por ciento más barato, gracias a la intervención.