Urgencia por los dólares de la cosecha

Una simple cuenta puede resultar ilustrativa para explicar la notable avidez del Gobierno nacional para hacerse lo más rápido posible de agrodólares frescos, contantes y sonantes: suponiendo que se logre una cosecha de soja de 50 millones de toneladas (comenzará a levantarse a partir de abril), a los precios internacionales de hoy son más de 25 mil millones de dólares en bruto. En concepto de retenciones, representan 8.700 millones de dólares a embolsar por el fisco. Pero lo que agita las aguas hoy en el sector agropecuario no es esa participación del Estado o del Gobierno, aunque siempre las retenciones han estado en la discusión económica, producto de las distorsiones e inequidades que el sistema provoca.La incertidumbre y la puesta en guardia de los productores radica en que los granos comienzan a madurar en medio de un escenario plagado de rumores y de complicaciones en el frente económico. A través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la administración de Cristina Fernández vuelve a presionar a los productores, acopios y empresas potencialmente tenedores de soja a que apuren sus ventas. Según la información disponible en el mercado, el remanente de la cosecha vieja es de alrededor de un millón de toneladas, unos 200 millones de dólares de recaudación por retenciones.Los operadores, siguiendo toda lógica empresaria, retienen lo que más pueden mientras los datos de la realidad y los rumores arman un cóctel integrado por contenciones/congelamientos de precios, potenciales devaluaciones o desdoblamiento cambiario (vuelta de tuerca sobre el desdoblamiento ya existente, producto de las retenciones y otros mecanismos comerciales) y potencial ajuste en los derechos de exportación. Las entidades madres del gremialismo rural, fogoneadas desde las bases, han declarado un virtual estado de alerta, mientras los productores con más espaldas buscan arbitrar posiciones con sus granos para que estos no pierdan más de lo que están resignando con la brecha cambiaria. Sin contar con inminentes o futuras medidas, en los medios de la exportación se cuestiona que, producto de controles "excesivos y redundantes" dispuestos por el Gobierno, la logística portuaria incrementó sus costos y podrían verse perjudicados los embarques del complejo sojero cuando ingrese la nueva cosecha en marzo-abril. Como consecuencia de la instrumentación de medidas de la Aduana, entre el 12 de octubre de 2012 y el 15 de enero, el 62 por ciento de los buques de la agroindustria sufrieron diversas demoras. El atraso afectó casi 11,5 millones de toneladas de productos que se podían haber embarcado y no pudieron hacerlo, calculan en el sector.Ante las presiones oficiales, los máximos dirigentes rurales mandaron un mensaje: si el Gobierno actúa compulsivamente, el productor va a reaccionar.