Un mensaje para los jueces

Jueces presionados. Estas dos palabras están de moda por estos días, cuando desde el Gobierno se intenta digitar quiénes deben ser los magistrados que diriman el conflicto con el Grupo Clarín. Al kirchnerismo no le tembló el pulso cuando había que deshacerse de algún fiscal o juez que osara investigar al vicepresidente Amado Boudeau por actos de corrupción. ¿Y cómo no se van a sentir presionados?

Pero hay otros tipos de presión. Retrocediendo en el tiempo, a fines de marzo de 1996, no podemos dejar de recordar las supuestas presiones sufridas por jueces cuya conducta despertaba sospechas para los periodistas. Desde el saadismo se escucharon airadas voces contra la prensa. Fue por el sugestivo “gesto” de un juez (Juan Carlos Sampayo) hacia una camarista (María Alejandra Azar) del primer tribunal que juzgó a Guillermo Luque y Luis Tula por el crimen de María Soledad Morales, captado por las cámaras de televisión que cubrían el caso. En esos momentos declaraba la monja Marta Pelloni como testigo y la intención de los jueces habría sido dejarla detenida por falso testimonio. La reputación del saadismo, hoy remixado que gobierna a Catamarca, quedó por el suelo. Los jueces renunciaron y un nuevo tribunal hizo justicia a más de una década.

Hemos mencionado dos tipos de presiones: desde el Estado y a través de los medios.

Ahora, en los tribunales de Tucumán, podría decirse que existe una tercera variedad de presión. Y es la de los fiscales hacia los camaristas. El juicio contra 13 imputados por la desaparición de María de los Ángeles Verón tiene todo tipo de condimentos.

El fiscal Carlos Sale pidió siete condenas a 25 años de prisión (máxima para el delito de homicidio) y 12 años y 6 meses para los otros seis imputados. Es un hecho sin precedentes en la historia de la Justicia ordinaria de una provincia, sólo comparable con las condenas aplicadas por los tribunales federales por los crímenes de lesa humanidad en la época de la dictadura. ¿Cómo explicar a la opinión pública, no sólo de Tucumán sino del país, si los jueces entienden que el castigo solicitado es un exabrupto? ¿Se animarán a condenar a 25 años a María Jesús Rivero, exmujer del temible “Chancha” Ale y propietaria de la remisería Cinco Estrellas, acusada de ordenar el secuestro de Marita, o cederán por temor a represalias?

La Fiscalía recogió el guante de Susana Trimarco y envió un claro mensaje a los jueces, quienes no deben ceder a presiones sino hacer justicia, pese a quien le pese.