Tras el alegato del fiscal, la Justicia ordenó detener a otros cuatro acusados

Tras más de dos meses de audiencias, se escucharon ayer y el jueves los alegatos del decimonoveno juicio por fraudes al Registro General de la Provincia, en el que hay 12 acusados, nueve de los cuales quedaron detenidos tras las conclusiones del fiscal Enrique Gavier. En el centro del debate está la adquisición fraudulenta de 298 lotes en villa La Toma, en el sur de la capital cordobesa. Gavier pidió penas para nueve acusados, algunos de los cuales perdieron la libertad –como Fernando Nores Bodereau y su hijo Pablo Nores Marino– y otros ya estaban detenidos. Asimismo, solicitó la absolución de los tres miembros de la familia Cerdá, que ya habían recibido condenas. Así, pidió penas para: Fernando Pablo Nores Bodereau, a cuatro años y medio de prisión; a su hijo Pablo Nores Marino, a tres años y medio; el contador Norberto Raijman (con prisión domiciliaria), a cuatro años; el tramitador Gustavo Maurizzi, tres años y medio; los dos ex empleados del Registro, Adriana Ponce de Menseguez y Ramón Andrés Pérez, ambos a cuatro años y medio; Ana María Pino, cuatro años; y Liliana Gastaldi, a tres años y medio; y Alba María Paulino de Pompeya, a tres de prisión condicional, estas dos últimas escribanas. Estos acusados quisieron apropiarse de un loteo por una suma cercana a los dos millones de pesos, a través de la falsificación de poderes y escrituras públicas de transferencias. Los terrenos eran de la sucesión de Ramón García y habían sido transferidos a otros titulares de manera legal. Aparentemente, la maniobra pretendía vender esas tierras para un plan de vivienda de la Provincia.De este debate se desprendió la detención del ex titular del Registro, Jorge Belmaña Juárez (ver aparte). En este tramo del megaproceso del Registro General, quedaron desvinculados por pedido de absolución del fiscal Gavier, Daniel Cerdá, su mujer Silvia Barrera y la hija de ambos, Natalia Cerdá.Al turno de los alegatos de los defensores, se escucharon diversas posturas. Los asesores letrados que defendían a los Cerdá adhirieron a la requisitoria fiscal, mientras que los que debían argumentar en contra de los pedidos de pena pidieron la absolución, una morigeración de los montos de pena o la prisión condicional, según el caso. Alejandro Dragotto, defensor de los Nores, solicitó que se atenúe el monto de la condena, e indicando que no era necesaria la cárcel para ellos, se inclinó por una pena condicional.