Seguirá el juicio por la megacausa de Tribunales
Una jueza de Control de Río Segundo rechazó las oposiciones. Están imputados cuatro abogados, un médico, dos empleados judiciales y dos comerciantes.
Cruz del Eje. Luego de cinco años de que un escándalo involucrara a la sede judicial de Cruz del Eje por supuestos hechos de corrupción, se escribió otro capítulo de la denominada megacausa que involucra en calidad de coimputados a cuatro abogados, un médico, dos empleados judiciales y dos comerciantes.
Esta causa, que fuera elevada a juicio hace alrededor de un año, agotó las instancias de apelación en oposición de varios juzgados y cámaras, hasta recalar en el Juzgado de Control, Menores y Faltas de Río Segundo, a cargo de la jueza Ángeles Palacio de Arato.
La magistrada, luego de estudiar los más de 20 cuerpos que componen la acusación, resolvió "no hacer lugar a las oposiciones deducidas por las defensas de los coimputados Carlos Edgard Bagnarelli (abogado), Eduardo Arístides Bagnarelli (abogado), Carlos Daniel Munuce (abogado), Horacio Edgar Capdevila (abogado), María Cristina González (empleada judicial), Arturo Umberto Ordoñez (empleado judicial), Raúl Adrián Porto (médico), José Ángel Rosales (comerciante) y Julio Ernesto Sarmiento (comerciante), en contra del requerimiento de citación a juicio".
Como corolario, Palacio de Arato determinó "remitir la presente causa a la Secretaría Penal del Tribunal Superior de Justicia, a los fines de su posterior remisión a la Excelentísima Cámara del Crimen que por turno corresponda".
Con esta resolución, a los coimputados sólo les quedó la puerta abierta, como última instancia para resistirse al juicio oral y público, la Cámara de Apelación.
Todo empezó en marzo de 2005, cuando Fátima Beatriz Ponce, ex esposa del hoy imputado abogado Eduardo Arístides Bagnarelli, denunció una supuesta trama delictiva de abogados y funcionarios judiciales con el objetivo de lograr fallos a favor y millonarias indemnizaciones en juicios contra el Estado provincial por daños y perjuicios. Con el agregado de presuntas estafas a la hora de liquidar las acreencias a las víctimas, sus propios clientes.
El trabajo de investigación logró elevar la causa a juicio hace un año con nueve imputados y cuatro detenidos, luego excarcelados.
