Salarios judiciales, en el centro de la polémica

El 2017 asoma como un año “movido” en el Poder Judicial. Y no precisamente porque haya causas o casos resonantes pendientes de resolución.

La conflictividad laboral ya muestra que habrá reclamos y medidas de fuerza en procura de una recomposición salarial, ante el recorte de haberes que se dispuso en octubre del año pasado.

Desde 2013, funcionarios y magistrados comenzaron a vivir un “veranito” a partir del “enganche” gradual, que les permitió situar sus haberes en un 90 por ciento respecto de los buenos salarios que se pagan en la Justicia federal.

Si bien no se equiparó a los empleados, desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se dictó una acordada que hacía que a partir de aquel momento los aumentos a los dependientes fueran iguales a los de los jueces.

Todo esto hacía que, en realidad, la política salarial de la Justicia cordobesa fuera dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando les aumentaba los haberes a los miembros de la Justicia federal.

Eso se cumplió a rajatabla hasta mediados del año pasado, cuando el nuevo Gobierno provincial rompió con lo que la administración de José Manuel de la Sota había respetado con puntos y comas.

El conflicto entre los empleados que reclamaban su equiparación salarial contó con la mediación del Ejecutivo.

Las tratativas culminaron en septiembre con la firma de un acta en la que se disponía el mismo porcentaje de aumento para los empleados que para los magistrados y funcionarios.

Pero un mes después, desde el Ejecutivo enviaron la partida presupuestaria para los salarios, la que respetaba sólo parcialmente lo que disponía la Corte: los magistrados recibían el mismo 12 por ciento que comenzaban a cobrar sus pares federales, pero el porcentaje para los empleados de la Justicia provincial era muy inferior.

A raíz de esto, desde el TSJ dispusieron que “todos” iban a cobrar el mismo aumento, que quedó reducido a un 8,3 por ciento.

Sin embargo, el tema no satisfizo al personal y los miembros de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) iniciaron un plan de lucha que contempla asambleas diarias en todas las sedes tribunalicias de la provincia, entre otras medidas. Esto ralentiza la ya colapsada tarea ju dicial y es probable que, entre otras medidas en escalada, haya un paro de actividades para las próximas semanas.

En las protestas que se realizan en los diferentes palacios judiciales se habla de “injerencia” del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.

“Si la partida que proviene del Gobierno llega con recorte, se rompe con la independencia de poderes, habida cuenta de que se afecta la facultad de superintendencia del TSJ”, dicen desde el gremio.

En el Ejecutivo sostienen que cumplir la pauta con los empleados judiciales les traería conflicto con los dependientes de los gremios provinciales.