Prisión de cuatro años y medio a Fernando Nores Bodereau

A casi tres meses de su inicio, finalizó ayer el 19º juicio por estafas al Registro General de la Provincia, en este caso por el intento de adquisición fraudulenta de 248 lotes en el sur de la ciudad de Córdoba. Se registraron tres absoluciones y nueve condenados, recayendo la pena más grave en Fernando Pablo Nores Bodereau, quien deberá purgar cuatro años y medio de cárcel. El jueves pasado, en ocasión de su alegato, el fiscal Enrique Gavier había solicitado la detención de cuatro de los acusados que gozaban de libertad, lo que terminó asintiendo la Cámara 10ª del Crimen. Ayer se conocieron las condenas que declararon culpables, además de Nores Bodereau, a su hijo Pablo Nores Marino, quien recibió pena de tres años de prisión efectiva, pero fue liberado por el tiempo de cárcel que ya cumplió durante la instrucción. Padre e hijo, además, deben pagar una multa de 70 mil y 50 mil pesos, respectivamente. El detalle de las penas. Además, fueron considerados culpables la escribana Alba María de Pompeya Paulino, condenada a dos años y medio de prisión condicional e igual tiempo para ejercer el notariado, y la escribana Liliana del Carmen Gastaldi, a tres años y medio de prisión efectiva, inhabilitación para ejercer su profesión durante siete años y 30 mil pesos de multa. A su vez, el tramitador Gustavo Enrique Maurizzi recibió una pena de tres años efectivos y 10 mil pesos de multa; el contador Norberto Raijman, cuatro años de prisión domiciliaria (por enfermedad) y 60 mil pesos, y Ana María Pino, cuatro años y 10 meses efectivos y 50 mil pesos.En tanto, al ex jefe de secciones del Registro Ramón Andrés Pérez, lo condenaron a cuatro años y tres meses, inhabilitación para ejercer empleos públicos por siete años y 30 mil pesos; y a la empleada María Adriana Ponce de Menceguez, a iguales penas que a Pérez. Las absoluciones. Por otra parte, fueron absueltos los tres miembros de la familia Cerdá: Daniel Osvaldo (padre), Silvia Alejandra Barrera (madre) y Natalia Azucena Cerdá (hija). Del mismo modo, el jefe de sección Ramón Pérez y la empleada María Ponce de Menceguez fueron absueltos de los delitos de falsificación de instrumento público que los trajo a juicio como partícipes necesarios. Según la investigación judicial, los condenados quisieron apropiarse de un loteo por unos dos millones de pesos, con la falsificación de poderes y escrituras públicas de transferencia. Los terrenos eran de la sucesión de Ramón García y fueron transferidos a otros titulares de manera legal.