Piden investigar si funcionarios protegían la “mafia de los taxis”
Una jueza cree que choferes del aeropuerto, presos por asociación ilícita, habrían tenido apoyo de miembros del municipio o de policías.
“El mantenimiento a lo largo del tiempo de esta asociación ilícita –dada sus características y modalidad de los hechos que se les atribuye– permite inferir mínimamente la existencia de vinculaciones con agentes o funcionarios de reparticiones estatales o no estatales.”
Con este razonamiento, una jueza le sugirió a un fiscal que, en el marco de la pesquisa por el actuar de “la mafia de los taxis” del Aeropuerto Ambrosio Taravella, de la ciudad de Córdoba, investigue si esta organización tenía vínculos con miembros de la Municipalidad de Córdoba, la Policía de la Provincia de Córdoba o la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El pedido fue expresado por la jueza de Control en lo Penal y Económico de Córdoba Ana María Lucero Offredi, quien ayer ratificó las prisiones preventivas contra ocho taxistas acusados por los delitos de asociación ilícita.
La magistrada, que ratificó lo hecho por el fiscal Pedro Caballero, le sugirió al mismo tiempo que “la impunidad” de ese grupo de taxistas “no sería tal sin colaboración externa”.
El fiscal Caballero investiga la actuación de un grupo de taxistas pertenecientes al grupo Atac, que opera en el aeropuerto de Córdoba, y que está acusado de impedir –mediante violencia física, daños contra autos y amenazas con armas– el trabajo de otros taxistas particulares.
Según la causa, con esta metodología violenta, ciertos taxistas que operaban exclusivamente en la estación aérea monopolizaban los viajes de los pasajeros. La actuación de este grupo –conocido vulgarmente como la “mafia de los taxis”– data desde 2006, al menos.
En la causa que instruye el fiscal se han recolectado numerosos testimonios de taxistas que fueron víctimas o presenciaron ataques.
Los ocho acusados por asociación ilícita son: Fernando René Caudana, José Alberto Ceballos, Mario Alberto Charras, Mauricio Abel Dómina, Juan Ramón Saavedra, Guillermo Agüero, Rubén Dario López y Sergio Adrián Rajo. Estas personas integran la autodenominada Asociación de Taxistas del Aeropuerto Córdoba (Atac). Dómina está sospechado de ser el jefe del grupo.
Todos están imputados por asociación ilícita. Se les denegó las excarcelaciones por temor a que haya amenazas contra los denunciantes o testigos.
¿Nadie sabía?
En el marco de la causa surge que varios taxistas, que fueron víctimas de golpes, daños contra sus autos y amenazas, buscaron ayuda con la PSA (fuerza de seguridad del aeropuerto). Estas personas indicaron –según surge de la causa– que nunca recibieron auxilio. Incluso nunca se dispusieron medidas preventivas. También hay acusaciones contra la Policía de Córdoba por la falta de soluciones concretas.
La jueza Lucero Offredi entiende que hay razones suficientes para sospechar de presuntos vínculos de ese grupo de taxistas de Atac con miembros de la Secretaría de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, o bien de la Policía o de la PSA.
“La impunidad (de los taxistas) no sería tal sin colaboración externa”, dice la jueza.
La causa vuelve al fiscal Caballero, quien tiene que seguir con la pesquisa, aceptar o no la “sugerencia” de la magistrada y resolver la elevación a juicio.
