Permeable

“Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime”.

(Si se calla el cantor, Horacio Guarany)

Entre la violenta muerte del fiscal federal Alberto Nisman y el escándalo judicial-policial en Villa Carlos Paz tras el hallazgo de dos cadáveres en el Cerro de la Cruz el pasado 13 de este mes, es posible trazar un signo constante en la Justicia.

Desde finales del año pasado, la guerra entre los poderes Ejecutivo y Judicial, a nivel nacional, quedó declarada. Como nunca antes durante el kirchnerismo, la ruptura entre el Gobierno y parte de los jueces y fiscales federales de los tribunales de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires, se hizo evidente.A la par de funcionarios imputados y procesados, comenzaba una escalada de acusaciones cruzadas –siempre a través de los operadores de turno– que tuvo su punto más álgido en la violenta muerte del fiscal Alberto Nisman y la posterior marcha convocada por una porción de sus colegas.Debajo de la superficie de este fárrago de denuncias, contradenuncias y sospechas de ida y vuelta, se dejó en evidencia una realidad que lejos está de ser una novedad, pero que siempre se intenta que permanezca en las sombras de la opinión pública: la permeabilidad de la Justicia.Jueces y fiscales que de manera adrede se prestan para el sórdido juego de tronos que todos los días escribe un capítulo distinto.Operaciones de inteligencia urdidas por los oscuros espías de nombres falsos, que desde hace décadas integran los servicios secretos con un único objetivo: empañar la verdad en procura de encontrar los beneficios que persiguen sus jefes de turno.Releer hacia atrás los vínculos que mantenía el espía Horacio Antonio "Jaime" Stiuso con el fiscal Nisman y su exmujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado, sólo permite acceder a una pequeña parte de un entramado mucho más intrincado, que abarca a sectores incluso opuestos de la misma casta judicial.Los agentes de Inteligencia pululan por los despachos de los jueces y fiscales de todo el país sin importarles si estos saben o si acaso sólo se prestan de manera ingenua a sus juegos de trampas y traiciones.En Córdoba, el caso conocido como "narcoescándalo", que tiene como actor principal al ahora desaparecido-prófugo Juan Francisco "el Francés" Viarnes, un hombre con aceitados vínculos históricos con la ex-Side, es sólo una muestra de cómo los tentáculos de estas operaciones trascienden los límites del edificio de la Justicia federal en la Capital nacional.Permeabilidad que lejos está de ser una potestad del fuero federal.El escándalo judicial-policial desatado en Villa Carlos Paz tras el hallazgo de dos cadáveres en el Cerro de la Cruz, el pasado 13 de este mes, otra vez hizo que la mirada crítica se enfocara en las cuestionadas maneras de investigar que llevan adelante los dos fiscales de la ciudad de Punilla.Causas que jamás hurgan en las raíces reales, que no logran despejar las estructuras consolidadas que a lo largo de los últimos 16 años han estado detrás de una escalada de crímenes con sello mafioso, vinculadas con el submundo del narcotráfico y la prostitución, delitos que siempre operan amparados por una protección oficial.Lo mismo que sucede en buena parte de las fiscalías penales de la ciudad de Córdoba.Análisis para el que no hace falta detenerse en el Fuero Anticorrupción, sumido en un descrédito popular con bases más que sólidas.Asesinatos sin prensa, de jóvenes pobres que en los barrios se enfrentan por las migajas de un negocio multimillonario al que jamás accederán y que en los expedientes judiciales-policiales son reducidos a meras peleas del momento.Falta de preparación e incapacidad de los investigadores se conjugan en la impotencia para desentrañar a las organizaciones criminales que operan casi siempre como contexto de delitos que en la Justicia no encuentran sus explicaciones de fondo.